En los primeros dos años y medio de la actual administración estatal, que encabeza Salomón Jara, se registraron los asesinatos de 32 personas defensoras, revelaron integrantes de la campaña permanente Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca.
Los asesinatos fueron identificados como 20 homicidios individuales, una ejecución extrajudicial y cinco ataques hacia grupos de personas, en los cuales 11 personas defensoras fueron asesinadas, según la información basada en datos de entre diciembre de 2022 y mayo de 2025.
En total, entre casos fatales y agresiones de represión no fatales, 44 personas defensoras de derechos humanos fueron agredidas individualmente y fueron contabilizados 70 actos de agresiones colectivas, sean comunidades, organizaciones o movimientos sociales. El 50 por ciento de los casos estuvieron relacionados con manifestaciones por el Corredor Interior Oceánico.
De las víctimas de agresiones, el 86 por ciento de las personas defensoras pertenecen a un pueblo indígena, precisó, en el monitoreo titulado “Oaxaca entre la criminalización, la violencia y la defensa comunitaria”.
“Un aspecto preocupante que sobresale en este monitoreo es que el 50 por ciento de todas las agresiones registradas se relacionan con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto que cataliza las agresiones contra personas defensoras en la región”, agregó el informe, coordinado por la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
En el monitoreo sobre la conflictividad territorial, Alas y Raíces registró 166 hechos conflictivos, lo que equivale en promedio a más de un evento conflictivo por semana.
“La respuesta gubernamental para darle solución a la conflictividad se caracterizó por omisión, provocaciones o administración de los conflictos en un total de 81 por ciento de estos casos”, precisó.
Homicidios, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada
Así, reiteró que durante los primeros dos años y medio de la actual administración, se registraron 44 personas agredidas individualmente y 70 actos de agresión contra grupos, comunidades, colectivos, organizaciones o movimientos sociales en Oaxaca.
De todas las agresiones registradas, 27 fueron catalogadas como atentados a la vida, abarcando tres tipos de agresiones: homicidio , ejecución extrajudicial y desaparición forzada.
En estos actos de agresión se privó de la vida y asesinó a un total de 32 personas defensoras. Estos casos de atentados a la vida constituyen 20 homicidios individuales, 1 ejecución extrajudicial y 5 ataques hacia grupos de personas en la cual 11 personas defensoras fueron asesinadas.
Cabe mencionar que en el periodo analizado se registró 1 desaparición forzada, no obstante, la persona desaparecida (Refugio Román Cortés Hernández) fue localizada con vida un mes después de su desaparición.
En el estado, la criminalización (31 registros), el hostigamiento (29 registros) y homicidios (25 registros) son los tipos de agresiones con mayor incidencia, los cuales representan el 73.6% de las agresiones cometidas.
Frente a esta conflictividad territorial, agregó, también se registraron 149 acciones de resistencia, así como estrategias y alternativas emergentes, para enfrentar el escenario de conflictividad y violencia.
“Si por algo se caracteriza Oaxaca es por su fuerza organizativa y creatividad de formas de resistencias”, se lee en el monitoreo. Cabe señalar que los pueblos indígenas, comunidades y movimientos sociales buscan resolver sus conflictos de forma autónoma.
La investigación presentada, con base de los casos publicados en la Minuta de Educa y en otras fuentes periodísticas, se llevó a cabo en el contexto del aumento de los conflictos por el control de la tierra y territorio, el incremento de medidas de seguridad nacional y la militarización en el país, así como de las estructuras criminales y los mercados ilícitos cada vez más visibles y violentos que impregnan México.
El análisis se centra “en las posibles causas del creciente despojo de tierras y el incremento de la violencia contra los pueblos indígenas, los movimientos sociales, su criminalización y, por tanto, la reducción del espacio cívico en el sureste de México”.
