Con una carrera hecha de la mano de Adelfo Regino Montes, actual director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y una trayectoria de más de 30 años en la defensa jurídica de los pueblos indígenas, Hugo Aguilar Ortiz enfrentará el reto más grande de su vida, presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del próximo mes de septiembre. Su trabajo conjuga litigios constitucionales, reformas legales y controversiales consultas indígenas.
Nacido el 1 de abril de 1973 en San Agustín Tlacotepec, de origen ñuu savi (Mixteco), Aguilar Ortiz ha dedicado más de tres décadas al litigio constitucional, el diseño de políticas públicas con enfoque intercultural y la defensa legal de comunidades indígenas. Su trayectoria está estrechamente ligada a Adelfo Regino Montes, con quien ha compartido espacios clave en la lucha por el reconocimiento de los derechos colectivos.
En su paso por instituciones como el INPI, la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca y el Instituto Estatal Electoral, Aguilar Ortiz ha impulsado reformas legales, dictámenes sobre sistemas normativos indígenas y controversiales consultas que han redefinido la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
Es un abogado especializado en derechos de los pueblos indígenas, con visión de justicia pluricultural y derechos humanos, con estudios de maestría en Derecho Constitucional, pero tiene pendiente la titulación. En 1993, junto con Adelfo Regino Motes fundó la asociación civil Servicios del Pueblo Mixe, donde confirma su lucha en defensa de los pueblos Ayuuk
Entre los litigios y casos relevantes, Aguilar Ortiz llevó la defensa de medios comunitarios en 2006, también presentó al menos seis controversias constitucionales ante la SCJN para proteger radios comunitarias.
En materia agraria y restitución representó a comunidades como los yaquis en Sonora, donde logró la restitución de tierras, mientras que, en temas ambientales, llevó la defensa en la revocación de una concesión minera en Puebla, lo que fue considerado un éxito relevante
Pero también, Hugo Aguilar Ortiz ha coordinado consultas indígenas que han resultado polémicas y cuestionadas por falta de transparencia, para grandes proyectos, de manera particular la del Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles.
Su cercanía con movimientos indígenas y actores políticos ha despertado dudas entre sectores que exigen una Corte autónoma, sin compromisos partidistas. Sin embargo, para quienes lo conocen de cerca, Aguilar representa una figura firme, con profundo conocimiento jurídico y una trayectoria construida desde las bases.
En entrevista, el constitucionalista Carlos Moreno Alcántara, quien fue compañero de Hugo Aguilar Ortiz durante sus años de formación en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), recuerda a un joven comprometido, estudioso y profundamente vinculado a los procesos sociales de su tiempo.
“Nos conocimos en la generación 1990-1995. Hugo era un estudiante muy serio, entregado al estudio, lector constante. Venía de la Mixteca, como muchos de nosotros, caminábamos juntos a la escuela con lo poco que teníamos, a veces en camión, o torta o camión, pero no había para las dos. Era un tipo tranquilo, dedicado, pero también alegre, muy humano”, relata.
Moreno Alcántara recuerda cómo Hugo, junto con Adelfo Regino, fundaron el Taller Universitario de Derechos Humanos (TUDO) en un contexto marcado por las reformas constitucionales de los años noventa y el surgimiento de organismos como la CNDH. Desde entonces, se decantó por la defensa de los pueblos indígenas.
“Él y Adelfo se metieron de lleno en el acompañamiento a comunidades, asesorando en temas agrarios, litigando controversias como la de los Chimalapas frente al Estado de Chiapas. Participaron incluso en las mesas de asesoramiento del EZLN tras los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Su compromiso no es de ahora, viene de muy atrás”, afirma el constitucionalista.
Uno de los aportes más relevantes de Aguilar Ortiz fue su paso por el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, donde dirigió el área de Sistemas Normativos Indígenas. Desde ahí impulsó la creación de los dictámenes de sistemas de elección comunitaria, pieza clave para que tribunales electorales pudieran resolver con base en las normas internas de los pueblos.
“Ese trabajo fue esencial. Hablaba con las comunidades, documentaba sus formas de elección y eso ayudaba a garantizar su autonomía. También se le reconoce que, tras el desalojo de Nochixtlán, renunció a la Secretaría de Asuntos Indígenas por principios”, añade Moreno.
Moreno Alcántara se refiere al desalojo de maestros ocurrido el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, que dejó un saldo de 8 personas muertas, 103 lesionados.
También viene a la mente del abogado constitucionalista cuando en el periodo 2001-2006 se dio un impulso significativo a la transformación del Instituto Nacional Indigenista (INI) en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), gracias al trabajo conjunto de figuras como Hugo Aguilar, Adelfo Regino y diversas organizaciones sociales.
Refiere que aun cuando no existía una cercanía política directa, la relación con Xóchitl Gálvez, entonces titular de la CDI, fue clave para mantener una interlocución efectiva con el gobierno federal y avanzar en la gestión de recursos y en la defensa de los derechos de los pueblos originarios.
Esta etapa, agrega, se caracterizó por una dinámica de diálogo constante, en la que estas organizaciones también mantuvieron vínculos estrechos con la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
Fue un momento fértil para el desarrollo institucional indígena, que tuvo sus cimientos en los aportes de figuras históricas como Heberto Castillo y Luis H. Álvarez. En medio de estos procesos y bajo el liderazgo de estas personalidades, emergió una nueva generación de jóvenes comprometidos con las causas indígenas, entre quienes se encontraba Hugo Aguilar, dice Alcántara.
El Doctor en Derecho Constitucional considera que el futuro presidente de la Corte tiene una visión muy clara en cuanto a su postura: autonomía indígena, autodeterminación, reforma constitucional, acuerdos de San Andrés, ley agraria, territorialidad, derechos de los pueblos, reconocimiento de los derechos colectivos,
Y concluye “No ha sido un activista que yo haya visto ahí, de un partido, pero sí de los pueblos, de los movimientos indigenistas, está muy cercano al Consejo Nacional Indígena, a todos los movimientos indígenas, a veces coincidiendo y a veces siendo parte de una propia oposición, ahí lo he visto siempre gestionando recursos para las comunidades”.
La llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la SCJN representa para muchos una oportunidad de transformar la justicia desde la diversidad cultural, al llevar al más alto tribunal una visión basada en la autodeterminación, la territorialidad y los derechos colectivos.
Sin embargo, su cercanía con figuras del poder, como su vínculo histórico con el actual gobierno federal y con el movimiento indígena institucionalizado, plantea cuestionamientos sobre su independencia y el rumbo que imprimirá a la Corte.
