Organizaciones sociales se han pronunciado en contra del cambio del uso del suelo en la zona natural protegida del Cerro del Crestón promovida y aprobada por el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, asegurando que detrás de esta decisión hay intereses inmobiliarios que pone en riesgo el agua, el clima y el futuro de la Cordillera Norte, recientemente se han difundido fotografías de la colocación de nombre de calles de los presuntos nuevos fraccionamientos que se construirán en la única reserva ecológica que tiene la ciudad.
El pasado 29 de julio, en sesión de cabildo, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez aprobó la derogación del acuerdo de 2021 que suspendía los trámites para el cambio de uso de suelo en zonas de reserva ecológica del municipio.
La decisión ha encendido las alarmas entre organizaciones ambientalistas, colectivos ciudadanos y académicos, quienes acusan opacidad, falta de consulta y posible colusión con intereses inmobiliarios.
La medida, que ya había sido intentada sin éxito en el año 2023, ha reavivado el conflicto en torno al ejido Guadalupe Victoria y otras zonas colindantes de la Cordillera Norte, territorio clave para el equilibrio ambiental y el abasto de agua de los Valles Centrales de Oaxaca.
Mediante un documento, el Observatorio Ciudadano Comunitario de Agua y Medio Ambiente (OCCAMA) ha manifestado su preocupación y rechazo al acuerdo del cabildo, ya que aseguran que no se agotaron los procesos necesarios ni garantizar el derecho a la participación social.
La organización asegura que durante una jornada informativa realizada en el año 2024, ya había advertido sobre los riesgos de eliminar restricciones ambientales para favorecer desarrollos urbanos en zonas naturales. Aunque reconocieron que la suspensión de trámites no podía mantenerse indefinidamente, exigieron que cualquier decisión debía ir acompañada de estudios técnicos y procesos de diálogo transparente.
Desde OCCAMA se ha reiterado que el conflicto no puede reducirse a las 1,200 hectáreas en disputa, sino que debe abordarse con una visión integral de conservación de toda la Cordillera, una región de más de 60 mil hectáreas cuya urbanización, insisten, es biofísica y financieramente inviable.
El colectivo propone medidas claras, priorizar a las poblaciones más vulnerables mediante soluciones alternativas de servicios; mantener las restricciones en zonas naturales protegidas y áreas de alto riesgo; y consolidar un plan de desarrollo con participación social, consentimiento informado y base técnica multidisciplinaria.
Además, instan a la creación de un fondo metropolitano que articule esfuerzos públicos, privados y comunitarios para proteger el monte y garantizar el acceso al agua y la estabilidad climática de la región.
“La decisión del cabildo municipal, lejos de traer certidumbre, ha encendido un debate urgente sobre el rumbo del desarrollo urbano en Oaxaca y el papel que deben jugar las autoridades frente a intereses privados y la crisis ambiental”, expresaron.
