En días recientes, en el estado de Oaxaca se han registrado una serie de eventos que pueden considerarse como la evidencia empírica que permite deducir que ha iniciado la época más obscura en materia de inseguridad pública en territorio oaxaqueño.
El primer suceso tuvo lugar en la central de abastos, con una balacera que fue producto de un enfrentamiento entre integrantes de dos sindicatos, por la destrucción de puestos comerciales pertenecientes a la CTM por parte de CATEM joven. Problemática que ha ido escalando, pasando de acusaciones y amenazas entre ambas organizaciones, para pasar a la aparición de videos de un grupo criminal posando con armas de grueso calibre y amenazando a la líder de los comerciantes, ante esto, ¿qué sigue?
El segundo suceso es el feminicidio político de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, elegida por el sistema de usos y costumbres, lo cual ya habla muy bien de su desempeño en su comunidad, siendo despojada de su vida por un grupo de moto sicarios. Además, pereció en el acto un ciudadano, y resultandos heridos un par de policías municipales. Este lamentable hecho se suma a los 243 casos de feminicidio registrados al corte del 17 de junio de este año, entre estos el de la activista Sandra Domínguez Martínez, datos proporcionados por el Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos”. Por su parte, la organización defensora Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad señala que de enero de 2023 a enero del 2025 se contabilizan 788 mujeres desaparecidas.
El tercer suceso, que más bien parecía una escena típica de algún estado del norte de nuestro país, se ha registrado en el histórico municipio de Juchitán de Zaragoza, donde además de establecimientos incendiados, se registraron cancelación de medios de transporte, así como la suspensión de clases en todos los niveles. Siendo evidencia de la fragmentación territorial, de la debilidad en la implementación de políticas públicas, así como de la ausencia del gobierno estatal y local.
Aunque, en definitiva, este hecho no es un caso aislado, ya que, desde el inicio de las obras del Corredor Interoceánico en la región del Istmo de Tehuantepec, la inseguridad pública ha ido al alza. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la región en la que mayor número de homicidios dolosos se perpetraron en el 2024 fue precisamente la región del Istmo con 247 homicidios, seguido de la región de la Costa con 241 y en tercer lugar los Valles Centrales con 145. Con hechos que han ido escalando, desde el aumento de la extorsión y desplazamiento forzado, pasando a homicidios a plena luz del día, llegando al punto de registrar personas descuartizadas.
Por lo cual, indudablemente, no tardarían en registrarse sucesos como los vistos recientemente en Juchitán, con lo cual se demostró el poder de fuego con el que cuentan las organizaciones criminales, así como de su control territorial y político a nivel local en la región istmeña.
En conjunto, estos sucesos ponen en tela de juicio la eficacia de un gobierno estatal, así como de los gobiernos municipales, que no se han cansado de pagar propaganda asegurando que en la Primavera Oaxaqueña se está haciendo lo que nunca se hizo. Lo cual es cierto, ya que han logrado que, en territorio oaxaqueño, y ante la evidencia de no únicamente de los sucesos descritos anteriormente, sino también de aquellos han marcado un negro escenario de violencia y crimen a lo largo de todo el estado de Oaxaca, se encuentre en proceso de consolidación la denominada gobernanza criminal.
Este término que ha sido utilizado por diversas disciplinas científicas, principalmente por las ciencias políticas y las ciencias sociales, que lo definen como la capacidad de grupos criminales para establecer y hacer cumplir sus reglas y normas en un determinador territorio, a menudo reemplazando o complementando a las autoridades locales.
Al respecto, el sociólogo Marcelo Bergman en su libro “El negocio del crimen. Crecimiento del delito, los mercados ilegales y la violencia en América Latina” establece que la gobernanza criminal se acompaña de violencia y crimen, se fortalecen y crecen al ser utilizadas como un instrumental para generar ingresos y ganancias a través de actividades ilícitas. Sobra recordar que el Istmo de Tehuantepec se han decomisado droga y detectado tomas clandestinas del denominado “huachicol”.
Por otra parte, Guillermo Trejo y Sandra Ley en su libro titulado “Votos, drogas y violencia”, en el cual abordan la lógica de la dinámica de las estructuras criminales en México, las cuales se establecen en territorios con ciertas características. Como, por ejemplo, que cuenten con altos grados de marginación y rezago social, o bien, que registren una importante llegada de inversión pública y privada. Ante esto, la región del Istmo de Tehuantepec cumple con ambas características, sumado a que, con la infraestructura de transporte ferroviario que le proporciona el Corredor Interoceánico, se convierte en un punto estratégico para la logística comercial nacional e internacional.
Ante este escenario del aumento del estallido de la violencia y temor a las organizaciones criminales, que no es exclusivo de la región del Istmo, sino también de municipios ubicados, principalmente, en la región de la Costa, de la Cuenca del Papaloapan y la Mixteca, tiene implicaciones sociales, económicas y políticas que están transformando el tejido social y la vida cotidiana de los oaxaqueños.
Lejos ha quedado el tener el privilegio de ser considerado uno de los cinco estados más seguros de México.
De acuerdo con el más reciente reporte sobre la incidencia delictiva a nivel estatal, elaborado por diversas instituciones federales para la seguridad pública, de enero a mayo de 2025, el estado de Oaxaca registra 350 homicidios dolosos, cifra que se posiciona por encima de la media nacional que es 336.47, teniendo como principal delito la extorsión, con un aumento nacional del 26.7%.
No existe duda que la realidad de la inseguridad pública se sobrepone al débil discurso del gobierno de la Primavera Oaxaqueña, para quienes no pasa nada y que sólo son percepciones negativas de los mal llamados sicarios de la información. Intentando ocultar la realidad, un día sí y al otro también, culpando de todo al pasado. Síntoma de que no terminan de entender que no se gobierna en el pasado ni para el pasado, ya que de antemano conocían el escenario al que se enfrentarían, por lo cual la gestión es del presente y para el futuro.
Finalmente, un gobernador como Salomón Jara que no está informado en tiempo real de los sucesos que han acontecido en el estado que gobierna, justificando su falta de información por ser decisiones tomadas a medianoche, difícilmente tendrá la capacidad para impedir que la gobernanza criminal siga avanzando en territorio oaxaqueño. Situación que debería de prender las alarmas en Palacio Nacional, sobre todo, porque de nada sirven los millones de pesos invertidos en el estado de Oaxaca, si los grupos criminales han demostrado tener el control en diversos puntos del estado, teniendo la posibilidad de condicionar la dinámica del crecimiento económico y de desarrollo humano para el bienestar que tanto pregona el oficialismo. Ya que, sin el afán de ser considerado un alarmista, pero la dinámica criminal que se ha registrado en nuestro estado en tan sólo el inicio de un cataclismo criminal que está a la vuelta de la esquina. Los datos y los patrones del comportamiento del criminal están ahí.
