La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados Federal aseguró que la orden del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, de despedir a mil 344 trabajadores del gobierno del estado viola la Constitución Política, los tratados internacionales y la Ley Federal del Trabajo; exhibe la incapacidad para gobernar el estado, y apunta a ser un acto premeditado de venganza.
Margarita García García, diputada federal del PT, en conferencia de prensa acompañada de legisladores de su bancada, sostuvo, además, que la decisión del mandatario estatal y de los diputados y diputadas locales, es “reprobable, vil, e imprudente”, y exhibe la falta de capacidad de Salomón Jara para gobernar el estado.
También calificó al consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, como el nuevo “Chucky” al compararlo con Jorge Franco Vargas, quien fue secretario general de Gobierno en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, y cuyas decisiones políticas llevaron al conflicto social del año 2006 con el magisterio de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
“Es vergonzoso que quienes dicen en Oaxaca que son de la Cuarta Transformación, hoy violentan los derechos de mil 344 trabajadores del gobierno del estado…
“Salomón Jara, te están engañando tus asesores. Hoy hay un nuevo Chucky en Oaxaca, el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero, de quien condeno todo lo que ha venido haciendo en Oaxaca”.
Lo anterior, explicó, porque Vásquez Sagrero lo único que ha hecho es confrontar al gobierno actual con las organizaciones, con los sindicatos y ahora están dejando sin trabajo a mil 344 trabajadores.
La legisladora petista sostuvo que esto es un acto irresponsable, y que no es posible, que hoy se pelee con los propios “trabajadores de casa”.
Asimismo, recordó a los diputados y diputadas locales que su función como servidores públicos es garantizar sus derechos y entregar un entorno seguro y estable, y que las leyes y la constitución no pueden usarse para tomar decisiones arbitrarias e imprudentes. E incluso, se ofreció a enseñarles sobre derecho laboral.
“Señor Salomón Jara y legisladores que aprobaron el dictamen con proyecto de decreto de supresión de plazas administrativas están violentando los derechos de estos mil 344 trabajadores, están entregando una inestabilidad económica y una afectación patrimonial a mil 344 familias que están viendo interrumpida su fuente de ingresos”.
García García recalcó al gobernador y a los legisladores locales que el ejercicio de los derechos humanos, como el del trabajo, no puede restringirse ni suspenderse. “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas, la protección más amplia”.
“Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad”.
Y puntualizó que esto no es una interpretación suya, sino un mandato constitucional. De igual forma, les recordó que las bases entregadas a los trabajadores, después de seis meses y un día, son inamovibles.
La diputada federal del PT presumió que el despido de los mil 344 trabajadores de base del gobierno del estado adheridos al Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal (STPEIDCEO) podría ser un acto deliberado y de venganza, luego que la planilla Blanca no resultara ganadora en la jornada electoral del pasado martes para renovar la dirigencia sindical.
Esto, dijo, porque nunca se había presentado un hecho de violencia en las elecciones del Sindicato de Burócratas, y menos que se anulara un proceso electoral en la renovación de sus dirigentes.
“Esta supresión de plazas se da en el marco de las elecciones para la renovación del sindicato, se puede presumir que es un acto programado en caso de que el voto no favoreciera a la planilla apoyada por el gobierno del estado, por los actuales dirigentes, la planilla Blanca. Lo anterior, porque nunca se habían dado actos de violencia en las elecciones y se identificó plenamente a los agresores, y están vinculados con la planilla oficial que es la blanca. Es claro el objetivo, ya que se da de manera clara la irrupción en la estabilidad en las elecciones”, dijo.
Margarita García también cuestionó la actuación del actual dirigente del STPEIDCEO (conocido como Sindicato de Burócratas), Pedro Castillejos, quien no realizó ninguna acción contra este decreto, e incluso, dijo que al parecer colaboró para que se concretara este decreto por órdenes de Salomón Jara.