Piden mujeres de 21 entidades del país y 50 mil firmas, alto a la violencia vs Norma Lucía Piña Hernández.
El Ejecutivo viola la Constitución y varios preceptos de leyes secundarias: Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana.
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 20 de marzo del 2023.- Que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrezca inmediatamente una disculpa pública desde Palacio Nacional a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, y a todas las mujeres mexicanas, ante la agresión sistemática y por el delito de violencia política en razón de género.
Así lo señala la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, sus 21 capítulos de Aguascalientes a Zacatecas, en una petición pública de change.org, que hasta la noche de este domingo había reunido más de 50 mil firmas.
Esta petición forma parte de un clamor nacional para que cesen las hostilidades contra la representante de uno de los tres poderes de la República, calificada como una andanada propia de regímenes dictatoriales, nunca sucedido en México. Una mirada rápida en los Tweets esta mañana arrojó alrededor de 200, de apoyo y consternación de estas agresiones, entre esos firmados por intelectuales, hombres, periodistas y feministas.
La petición fue lanzada hace 5 días por la caricaturista feminista Martha Barragán, en nombre de la Red, donde se expresa un “apoyo total y respaldo” a la ministra presidenta de la SCJN, para que la ejecución de sus funciones sea libre de violencia.
Esta denuncia pública y una centena más, surgieron este domingo -luego de los acontecimientos del zócalo capitalino el 18 de marzo- una de las firmantes estableció que la violencia política ejercida contra la ministra presidenta de la SCJN en razón de género, ha sido extendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en poco tiempo y de manera reiterada, en cadena nacional desde las mañaneras y repetida en muchas plataformas digitales.
A la denuncia pública de referencia, se han unido muchas otras voces, aun antes del ofensivo acto de quema de la imagen de la ministra sucedido el domingo pasado. Unas 90 mujeres políticas, dirigentes, intelectuales y promotoras de los derechos de las mujeres, exigieron al Ejecutivo que se comporte de acuerdo a su investidura.
En este desplegado firman integrantes de Mujeres en Plural, feministas y muchas de izquierda, entre ellas ex diputadas, militantes de partido y académicas destacadas como Amalia García Medina; la morenista Lorena Villavicencio Ayala; las abogadas Patricia Olamendi Torres y Bárbara García Camacho; la directora del Claustro de Sor Juana Carmen Beatriz López Portillo y la excandidata a la presidencia Cecilia Soto González.
Change.org
La petición para todo el país, señala que la información para manifestar ideas, difundir opiniones, encuentra límites en la necesidad de asegurar el respeto a los derechos, a la reputación de los demás, a la protección de la seguridad nacional, cuando se provoque algún delito o se perturbe el orden público.
Las peticionarias hacen 4 exigencias inmediatas al jefe del Ejecutivo: que se detengan desde la mañanera las agresiones contra las mujeres; que se retire la propaganda denostativa de las plataformas digitales y redes sociales que atenten contra el desempeño de las funciones de la ministra, así como que atenten al libre desempeño del cargo que ostenta; que respete la envestidura presidencial honrando el pleno respeto de los derechos humanos, políticos y electorales de las mujeres por una vida libre de violencia contenidos en nuestra carta magna y diversos tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte y que respete las políticas de la institución más alta de este país que exige el pleno respeto y trato digno, de igualdad para hombres y mujeres, que nos permita salir a la vida pública sin temor a represalias u hostigamiento.
Agregan la quinta: exigimos una disculpa pública desde Palacio Nacional a ella y todas las mujeres, porque cuando tocan a una respondemos todas, dice la petición.
Explica que como esos límites al respeto de los derechos humanos no se acatan, señalan que desde Palacio Nacional se incurre en varios tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en razón de género, constitutivos de violación a nuestra Constitución y otras leyes:
Violencia política en razón de género contra las mujeres:
Comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les pertenecen desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
Al poner en duda públicamente las habilidades y competencias de su presidencia por ser mujer y acusarla de corrupta sin fundamento, con el objetivo político de debilitar su labor como la primera mujer titular del Poder Judicial Federal.
Acoso laboral bajo la perspectiva de género:
Acoso laboral se constituye cuando se vulneren los derechos de las mujeres por su condición de género, es decir, que las razones o intenciones para desacreditarla y/o destituirla de su lugar de trabajo, sean en razón de su condición de mujer, que tienen como fin hostigar o amedrentar a la persona trabajadora para eliminarla de la organización laboral.
Al emitir comentarios que ponen en duda su capacidad para el cargo y honorabilidad en duda.
Violencia comunitaria o a Terceros:
Misma que puede traducirse en una afectación a los derechos de terceros, pues se genera condiciones de ingobernabilidad que merman el que el órgano pueda trabajar armónicamente a fin de prestar los servicios básicos que por ley está obligado a ofrecer a la ciudadanía.
Al acusarla públicamente de “florero” y asegurar que ella libera delincuentes.
Violencia Digital:
Los comentarios publicados por el mandatario ocasionan que la labor de la ministra sea tendencia en plataformas digitales como Twitter, por la cantidad de mensajes de violencia que se ha desatado en su contra y la coloca en un espacio de alta vulnerabilidad física, psicológica y en duda sus funciones ante la opinión pública.
Violencia Institucional:
Los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminan o tendrán como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Al usar un espacio institucional como es la Presidencia de la República para violentar a las mujeres en funciones ya las colectivas, dejándolas en condiciones de vulnerabilidad e indefensión.
Rematan con una consigna: por una Vida Libre de Violencia Política en Razón de Género y por el pleno respeto de los Derechos Humanos, políticos y electorales de las mujeres y hasta que la Dignidad se haga costumbre.
La petición la suscriben los capítulos de la Red: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, CDMX, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas.
Fuente: SEMMÉXICO
