La trabajadora Mayra Flores Santaella cumplió este sábado 28 horas en huelga de hambre en las instalaciones del DIF estatal, exigiendo que la dependencia aclare los procesos administrativos y penales que presuntamente abrió en su contra, después de ser acusada de haber filtrado en redes sociales una serie de abusos cometidos contra dos adolescentes usuarios del DIF.
La ciudadana alcanzó las 24 horas ininterrumpidas sin probar alimento y mantuvo la manifestación hasta las 15:30 horas, también en demanda de que se respete su derecho a audiencia y a defenderse por parte de las autoridades.
Acompañada de una decena de trabajadoras y trabajadores del DIF estatal, entre ellos el psicólogo Edmundo Matías, quien había sido separado de su cargo junto con la mujer pero a quien le notificaron que ha sido restituido.
Ambas personas afirmaron en entrevista que las imputaciones en su contra son falsas, por lo que demandan claridad a las autoridades y el respaldo de su sindicato.
Mayra se desempeña en el área administrativa de Casa Loro, donde atienden a residentes niños, mientras que Edmundo es psicólogo del área de Casas Hogares de Casa Hogar 2, específicamente con niños y niñas.
«Los antecedentes fueron que el pasado 30 de octubre, alrededor de la una de la tarde, se hizo una denuncia a través de redes sociales sobre un abuso de violencia física hacia dos menores. Una de ellas presentaba lesiones físicas evidentes; la otra, al cumplir la mayoría de edad, fue sacada de casas hogares y desconocemos su paradero». La denunciante señaló que ellos no realizaron la denuncia, sin embargo, los jefes y directivos creen que fueron ellos los que la presentaron, razón por la cual fueron puestos a disposición sin ningún juicio previo, informe o documento.
Reiteró que simplemente se les avisó a los delegados y al comité que tenían que ser removidos. «Ellos nos hablaron, nos comunicamos con ellos y nos dijeron que teníamos que ocupar unos lugares específicamente para nosotros», explicó Edmundo.
«Decidimos no tomar esos lugares que nos habían indicado porque, precisamente, no sabemos cuáles son los delitos que se nos imputan. No tenemos ninguna certeza jurídica de que no tendremos consecuencias; todo es en palabra», indicó el psicólogo.
Aunque reiteran que no filtraron ninguna información, resaltan que están en contra de los abusos contra los menores. «No debe haber ese tipo de abuso hacia los adolescentes; nosotros estamos oponiéndonos a ello. Queremos que se castigue a las personas que ejercieron esa violencia hacia los adolescentes y que han actuado contra otros menores», concluyeron.