Ciudad de México.- En la sede central del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, el Consejo General sostuvo este martes una conferencia de prensa marcada por severos cuestionamientos de periodistas de diversos medios de comunicación. El intercambio ventiló señalamientos directos sobre presuntas redes de complicidad, contratos opacos, entrega de plazas, amenazas a consejeras y supuestas reuniones clandestinas entre funcionarios electorales y proveedores como el empresario Alfredo Hernández, todo derivado de la renuncia de la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala ante denuncias de corrupción.
La consejera Blanca Cruz, quien asume la presidencia provisional del organismo mientras la Cámara de Diputados emite la convocatoria para el relevo definitivo, informó que el órgano colegiado acordó tramitar tres renuncias inmediatas en puestos estratégicos: la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y el área de Recursos Materiales adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración. Asimismo, confirmó que la firma y entrega de nuevos contratos administrativos se encuentra frenada para someter a revisión jurídica y presupuestal los expedientes vigentes y las licitaciones en curso.
Durante la ronda de preguntas, los representantes de los medios cuestionaron directamente si integrantes del Consejo General acudieron a fiestas o encuentros privados con contratistas beneficiados. Consejeros identificados previamente como cercanos a la gestión saliente, entre ellos Jorge Montaño y Norma Irene de la Cruz, aseguraron no haber sostenido reuniones privadas ni tener nexos con los proveedores investigados, alegando que las tareas administrativas y la contratación de servicios no forman parte de sus facultades legales directas como consejeros electorales.
La prensa también interrogó a la consejera Rita Bell López Vences respecto al distanciamiento tardío de la dirigencia de Taddei, señalando que la expresidenta desestimaba de forma reiterada las quejas y desinformaba internamente al pleno.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey reconoció que el INE enfrenta una crisis inédita provocada por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés, por lo que urgió a desterrar el abuso de las adjudicaciones directas (que deben reducirse a menos del 10 por ciento del total de adquisiciones) y garantizar la trazabilidad de los contratos públicos, recordando irregularidades previas detectadas en los plazos de entrega de la credencial para votar.
Comunicadores en la sala increparon además la actuación del Órgano Interno de Control (OIC) y de las autoridades de fiscalización, acusando prácticas de extorsión a trabajadores, retención de sueldos y exigencia de moches para acceder a candidaturas en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Ante las demandas de abrir las oficinas de las propias consejerías a investigaciones sin reservas, Blanca Cruz y los consejeros afirmaron estar dispuestos a someter a revisión integral todas las áreas del instituto en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación, buscando restablecer la certeza rumbo a los comicios federales de 2027.