La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen de reforma constitucional sobre nacionalidad única obligatoria para quienes decidan contender por la Presidencia de la República, gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La votación en lo particular concluyó en el Palacio Legislativo de San Lázaro con 334 votos en favor por parte del bloque mayoritario, 109 votos en contra de las bancadas opositoras y una abstención, dando paso al envío formal de la minuta al Senado de la República para continuar su proceso legislativo.
El decreto avalado modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política del país a partir de una iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo. La nueva disposición legal establece que las personas con doble nacionalidad adquirida por nacimiento o por naturalización deberán renunciar de forma efectiva y previa ante el Estado extranjero correspondiente antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos. Además, prohíbe de manera expresa a las y los mandatarios en funciones utilizar pasaportes extranjeros, ejercer derechos políticos en otros países o acogerse a esquemas de protección diplomática internacional durante su período gubernamental.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Raúl Bolaños Cacho Cué, condujo la conclusión del debate tras desecharse, retirarse o enviarse al Diario de los Debates las diversas reservas que promovieron los grupos parlamentarios. En el régimen transitorio se estipula que las disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y comenzarán a aplicarse formalmente a partir del proceso comicial del año 2028, precisando que las reglas no tendrán efectos retroactivos sobre quienes se encuentren ocupando dichos cargos en la actualidad.
Al concluir los trabajos, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó que una vez concluida la promulgación en el Constituyente Permanente se procederá con la formulación de la ley secundaria reglamentaria en el Congreso de la Unión. Monreal Ávila sostuvo que esta legislación secundaria detallará con puntualidad cada una de las fases jurídicas para procesar la renuncia a una nacionalidad extranjera, fijando un plazo de 90 días naturales para la armonización correspondiente tanto en la Ley de Nacionalidad como en el marco normativo de las entidades federativas.
El líder de la bancada guinda precisó que la reforma no tiene dedicatoria particular contra ninguna persona en específico, sino que reviste los principios generales de una norma suprema dirigida a salvaguardar la soberanía nacional ante eventuales presiones o injerencias externas. Monreal Ávila argumentó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos valida la regulación de los derechos políticos bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, puntualizando que la comunidad migrante mexicana mantiene a salvo sus prerrogativas electorales en caso de buscar postularse a los máximos cargos ejecutivos del país mediante el trámite de renuncia oportuna a cualquier vínculo formal previo.