Integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) implementaron esta mañana tres bloqueos carreteros en diversos puntos de la entidad dentro de lo que han denominado Segunda Jornada de Lucha por Justicia, en demanda de castigo por los asesinatos de cinco de sus militantes acontecidos entre 2020 y 2026 y los 24 crímenes políticos que la agrupación documenta en el actual gobierno estatal.
La Policía Vial de Oaxaca confirmó minutos después de las ocho de la mañana que los inconformes cerraron la circulación en la autopista Barranca Larga‑Ventanilla, plaza de cobro Ventanilla; la carretera Ciudad Alemán‑Tuxtepec, a la altura del puente El Caracol, y sobre la carretera federal 190 y la autopista Tehuacán‑Oaxaca, kilómetro 178, en Asunción Nochixtlán.
La organización también llevó a cabo un posicionamiento político en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, donde el FPR denunció la ocurrencia de diversos actos de violencia en contra de sus militantes durante el régimen de la Cuarta Transformación.
“En el estado de Oaxaca y al paso del gobierno de la Cuarta Transformación, el FPR ha sufrido agresiones, detenciones arbitrarias y asesinatos políticos; a pesar del discurso de cambio de política, la esencia de los intereses económicos en la entidad no ha cambiado”, sostuvieron los representantes de la organización política.
El FPR indicó que en Oaxaca, en lo que va de la administración de Salomón Jara se contabilizan 24 asesinatos políticos.
“El clima de violencia y agresiones hacia dirigentes sociales, defensores y periodistas no cesa, es por ello que salimos a las calles a denunciar a este gobierno que en los medios de comunicación dicen una cosa, pero en los hechos hacen todo lo contrario”.
Reiteró que en los casos de sus compañeros asesinados hay una conducta dilatoria, pues a las autoridades “no les preocupa hacer justicia, se han puesto de lado de los caciques y burgueses cuidando sus intereses; es decir, se vuelven cómplices por omisión o contubernio”.
“Debemos estar claros que a la violencia reaccionaria debemos poner al frente la organización y lucha de los pueblos del campo y la ciudad, hacer la unidad con todas las fuerzas del movimiento popular para plantarle cara a este gobierno que cada vez asume una conducta más autoritaria”.
*Militantes asesinados*
Recordaron que el 24 de agosto de 2020, durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador y de Alejandro Murat como gobernador de Oaxaca, fue asesinado Tomás Martínez, sin que hasta el momento se haya resuelto el crimen.
“Aunque hay autores materiales detenidos, los caciques que ordenaron su asesinato siguen en la impunidad”.
El FPR agregó que, un año después, el 3 de septiembre de 2021, en La Crucecita, Huatulco, fue asesinado Manuel Cartas, quien estuvo al frente de acciones de “lucha por tierra para vivienda digna en los polígonos”, motivo por el cual fue asesinado.
Ya en la administración de Salomón Jara, subrayó, el 19 de diciembre de 2022, en el marco de una actividad de denuncia por detenciones arbitrarias por parte de la administración de Jara, fue atropellado y muerto su compañero Francisco Jiménez.
Los compañeros José Murillo y Aquilino Arista, durante el 2023, fueron detenidos arbitrariamente por el gobierno federal y estatal, con expedientes armados con el fin de socavar la lucha por la vivienda digna en Huatulco, ante el reordenamiento territorial que solo benefició a las empresas inmobiliarias y hoteleras, agregó.
Además, el 15 de junio de 2024, sobre la carretera Tlaxiaco‑Putla, mientras viajaba fue emboscado y asesinado el transportista Mario Hernández Martínez, perteneciente al sitio de urvans “Tierra de Humo”, quien luchaba por el derecho a trabajo digno en medio de grupos de transportistas que monopolizan el transporte en la región de la Mixteca.
La tarde del 22 de junio de 2026, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, fueron emboscados por sujetos armados compañeros del FPR: su objetivo era asesinar al compañero José Martínez, dirigente regional. Producto de ello y cumpliendo su deber militante cayó abatido el camarada Juan José Cruz Padilla; de este hecho hemos hecho responsable al presidente municipal César Figueroa y a los grupos caciquiles de la región.