La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, anunció que solicitará nuevas órdenes de aprehensión en contra de socios, accionistas, apoderados legales y enlaces de distribución en seis entidades del país, tras concretar la entrega y traslado a México de Fernando N, exfuncionario investigado por liderar una compleja estructura criminal dedicada al contrabando marítimo de hidrocarburos, esquema conocido como huachicol fiscal.
Informó también que el imputado arribó a territorio nacional tras ser expulsado por el gobierno de Argentina, país donde fue localizado y detenido en abril gracias a una ficha roja de Interpol. De manera inmediata, el detenido fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad para ser internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el Estado de México, donde quedó a disposición de un juez de control para enfrentar las acusaciones por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
De acuerdo con la reconstrucción ministerial encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la red operaba mediante buques tanque que atracaban en puertos estratégicos como Altamira, Tamaulipas y Ensenada, Baja California.
En dichos recintos, cargamentos de hasta 8 millones de litros de combustible por embarcación eran declarados de forma irregular ante las aduanas como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos, contando con la colusión de agentes aduanales y funcionarios corruptos que alteraban pedimentos, volúmenes y tomas de muestras.
La investigación federal determinó que el hidrocarburo ingresado ilegalmente era transportado y dispersado hacia estaciones de servicio a través de empresas formalmente constituidas en los estados de Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, las cuales también eran utilizadas para operaciones de lavado de dinero.
Hasta el momento, las diligencias del Gabinete de Seguridad han derivado en la detención de 15 personas (entre ellas 12 exservidores públicos), el aseguramiento de 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles, con un golpe financiero estimado en más de 340 millones de pesos a la estructura ilícita.
La FGR detalló que la captura y traslado de Fernando N fue posible gracias a las labores de inteligencia y coordinación institucional desarrolladas con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), contando con el respaldo de agencias de los Estados Unidos y de las autoridades judiciales de Argentina.
La institución procuradora de justicia advirtió que las indagatorias continuarán abiertas para desarticular en su totalidad las cadenas empresariales y logísticas que facilitaron el desvío millonario de recursos públicos.