En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado federal José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley General de Educación.
La iniciativa legislativa plantea reformar la fracción XIV y adicionar la fracción XXVI, junto con dos párrafos al artículo 30 y la creación del artículo 30 Bis del citado ordenamiento legal. Con este cambio normativo, las autoridades educativas del país estarían obligadas a promover contenidos enfocados en la administración del ingreso, el gasto familiar, el funcionamiento de las tasas de interés, el costo total del financiamiento, la inflación y los derechos de los usuarios de servicios financieros desde las aulas del sistema público y privado.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para su correspondiente dictaminación. De acuerdo con el planteamiento del legislador, la enseñanza práctica en los niveles primaria, secundaria y bachillerato busca dotar a las nuevas generaciones de herramientas para prevenir el sobreendeudamiento, fomentar el hábito del ahorro a largo plazo y tomar decisiones económicas informadas en la vida cotidiana de las familias mexicanas.
En la exposición de motivos del documento oficial se detalla que la economía de los hogares en México enfrenta presiones estructurales derivadas de la inflación y del acceso a esquemas de crédito sin una comprensión clara de sus términos contractuales. Esta situación, señala la propuesta, responde a la falta de contenidos curriculares obligatorios en la materia, una carencia que contrasta con las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y el G20.
El texto impulsado por el legislador destaca que diversas investigaciones académicas confirman que el aprendizaje temprano de las finanzas mejora la capacidad de inversión y planeación de los ciudadanos. La iniciativa pretende transformar la prevención del endeudamiento en una política pública nacional, garantizando que el conocimiento básico sobre el sistema bancario y los derechos económicos se imparta de forma adecuada al desarrollo de cada nivel escolar.