La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó este miércoles en conferencia de prensa que la institución abrió una nueva línea de investigación ante la presunta participación directa del Buró Federal de Investigación (FBI) en el secuestro y traslado ilegal de Ismael ‘El Mayo’ Zambada hacia Estados Unidos.
Acompañada por los titulares de las fiscalías especializadas, la funcionaria detalló que se ha solicitado formalmente una nueva asistencia jurídica internacional al gobierno estadounidense para esclarecer el operativo ejecutado el 25 de julio de 2024 en Sinaloa y concluido en Nuevo México.
De acuerdo con lo expuesto por las autoridades de la FGR, los avances ministeriales e investigaciones periodísticas recientes indican que el operativo fue planeado y coordinado por la agencia norteamericana en territorio mexicano, utilizando como autor material a Joaquín Guzmán López.
Esta situación contradice las declaraciones del entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien en agosto de 2024 sostuvo públicamente que su país no había participado en dicha extracción. De confirmarse la operación del FBI, la Fiscalía advirtió que se configuraría una grave violación al derecho institucional y a la soberanía nacional.
Durante la sesión informativa, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, precisó que la entrega de información por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sido parcial e insuficiente.
Explicó que, de una solicitud original de 11 temas informativos duros, las autoridades norteamericanas solo respondieron seis, dejando pendientes cinco rubros críticos. A la fecha, la FGR ha emitido 16 oficios recordatorios para exigir los datos faltantes, incluyendo la identidad del piloto de la aeronave modificada que trasladó a los capos.
Jiménez Vázquez también señaló que las afirmaciones falsas del exembajador Ken Salazar representan una violación al principio de buena fe en las relaciones diplomáticas y contravienen tratados internacionales como la Convención de Viena.
No obstante, aclaró que las consecuencias de estos actos se dirimen en el plano del derecho internacional y no por la vía penal, debido a la inmunidad diplomática que protegía al representante estadounidense al momento de emitir sus declaraciones.
Por su parte, el fiscal especial David Bound de la Garza detalló el estado de las siete carpetas de investigación federales iniciadas en México tras los sucesos en Sinaloa. Explicó que se han consolidado avances periciales y de audio que permitieron identificar el lugar exacto donde Zambada fue privado de su libertad, la pista clandestina de donde despegó el avión con identificaciones alteradas y la identidad del piloto, quien fue detenido en territorio nacional por portación de arma de fuego y posteriormente entregado a las autoridades estadounidenses bajo la Ley de Seguridad Nacional.
Finalmente, la fiscal Ernestina Godoy reiteró que Ismael ‘N’ cuenta con 32 investigaciones vigentes y múltiples órdenes de aprehensión en México por delitos de delincuencia organizada y contra la salud, por lo que descartó cualquier tipo de protección institucional.
Informó que, ante la negativa de extradición fundamentada por Estados Unidos en que el imputado ya enfrenta un proceso en una corte de distrito, la FGR ha presentado una solicitud formal para que el detenido pueda ser procesado simultáneamente por los crímenes cometidos en jurisdicción mexicana.