El Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y el Medio Ambiente (OCCAMA) obtuvo una suspensión provisional de las obras de la presa Mujer Solteca, luego de que un juez federal consideró que el megaproyecto incumple con la normatividad ambiental, entre otras irregularidades.
En conferencia de prensa, los activistas indicaron que la resolución deriva de un amparo indirecto promovido por el colectivo y obliga a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Estatal del Agua del Gobierno de Oaxaca a detener el desarrollo de la obra por no contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental regional, permisos de cambio de uso de suelo y por no promover mecanismos efectivos de participación pública.
Además, resaltaron que el megaproyecto tendría un sobrecosto que alcanzaría los 30 mil millones de pesos y “avanza sin que la ciudadanía cuente con información suficiente sobre su viabilidad ambiental, financiera e hídrica”.
El OCCAMA denunció que, aunque el gobierno federal ha anunciado una inversión de 15 mil 944 millones 815 mil 692 pesos para su construcción, los propios documentos oficiales contemplan además 10 mil 044 millones de pesos en costos de operación y 4 mil 304 millones de pesos en mantenimiento, lo que elevaría el gasto público comprometido a 30 mil 293 millones de pesos durante el periodo 2026-2028.
“Esta inversión se impulsa sin conocer aún los daños que causaría al caudal ecológico del río Atoyac y sin considerar que el río Sola es un afluente deficitario que podría ni siquiera contar con la suficiente agua para cumplir los objetivos del gobierno”, sostuvieron.
Pese a tratarse de un proyecto cuyo costo total ascendería a 30 mil 293 millones de pesos al incorporar los gastos de construcción, operación y mantenimiento —equivalentes a prácticamente una cuarta parte (24,7%) de los 122 mil 600 millones de pesos anunciados por el Gobierno de México para todo el Plan Nacional Hídrico—, la propia ficha de valoración estratégica reconoce que la Manifestación de Impacto Ambiental de la presa sigue en evaluación, que las correspondientes al acueducto y a la planta potabilizadora continúan en elaboración y que el avance global de estudios, permisos y autorizaciones ambientales es apenas del 30 %.
La misma documentación oficial identifica riesgos derivados de una disponibilidad hídrica menor a la proyectada, mientras que no existe un proceso amplio de participación pública que permita conocer y discutir los impactos sociales, ambientales y financieros de una obra que comprometería recursos públicos sin precedentes para el estado. La falta de información pública completa sobre la viabilidad del proyecto y el incremento sustancial de su costo total obligan a un escrutinio ciudadano y gubernamental mucho más riguroso.
La suspensión obtenida por el OCCAMA constituye una medida de protección del interés público.
“No sólo evita que continúe un proyecto sin cumplir plenamente las obligaciones ambientales previstas en la ley, sino que abre la posibilidad de revisar con transparencia un presupuesto millonario destinado a una sola presa, lo que abre la posibilidad de que ese presupuesto pueda reorientarse para fortalecer otras acciones estratégicas que atiendan el desabasto o mala gestión hídrica en Oaxaca, cuando la propia Conagua identifica que sus principales causas son las fugas, la falta de sectorización, el deterioro de las redes de distribución, la contaminación de las fuentes superficiales y las deficiencias operativas del organismo encargado del servicio”.
En este contexto, los promoventes sostuvieron que resulta indispensable transparentar la totalidad de los costos del proyecto, sus estudios técnicos, ambientales y financieros, así como garantizar mecanismos efectivos de participación pública antes de comprometer una inversión equivalente a una cuarta parte del Plan Nacional Hídrico.
“La magnitud de los recursos involucrados exige el máximo nivel de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana para evitar decisiones que puedan derivar en un uso ineficiente o injustificado del presupuesto público”.
Por ello, subrayó, “el Observatorio hace un llamado a las autoridades federales y estatales para cumplir plenamente la resolución judicial, transparentar toda la información técnica y financiera del proyecto y abrir un proceso público de evaluación que permita garantizar que cualquier inversión en infraestructura hídrica responda a criterios de eficiencia, sostenibilidad, participación ciudadana, a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada y a la rendición de cuentas, privilegiando soluciones que atiendan de manera integral las causas reales del desabasto de agua en Oaxaca”.