Más de 500 habitantes del pueblo originario de Santa María Chimalhuacán, Estado de México, acusaron a la SEMARNAT, CONAGUA, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Chimalhuacán, de pretender despojarlos de mil 700 hectáreas a fin de venderlas a empresarios para iniciar un polo de desarrollo industrial y habitacional.
Andrés Cedillo Castillo, presidente del Comité para la Defensa de la Tenencia de la Tierra de los habitantes nativos del Pueblo Originario de Santa María Chimalhuacán, y Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA, dieron a conocer lo anterior y anunciaron que el 22 de junio llevarán a cabo un plantón afuera de la SEMARNAT y CONANP para defender sus derechos por la tierra y advirtieron que podría gestarse otro San Mateo Atenco si no se les reconoce la titularidad de dichas hectáreas.
“Estamos defendiendo las tierras que fueron producto de la desecación del lago de Texcoco y las cuales nos fueron vendidas entre 1922 y 1936 por el Ejecutivo de la Nación a través de la Secretaría de Agricultura y Fomento de aquel entonces. Contamos con la documentación que prueba que somos propietarios de esas mil 700 hectáreas”, argumentó Andrés Cedillo.
Ante la indolencia de la SEMARNAT, CONANP, Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Chimalhuacán, al no querer reconocer los derechos sucesorios, más de 500 habitantes se movilizarán para exigir atención a su demanda de respetar la posesión de la tierra y dejar las actitudes de “delincuencia” disfrazada de gobierno para despojarlos de esas tierras, afirmó Andrés Cedillo Castillo.
A su vez, el dirigente de la UNTA, Álvaro López Ríos, reclamó respeto y reconocimiento a los derechos ancestrales establecidos en los contratos, así como convenios que hicieron con el Gobierno Federal los pobladores originarios de Santa María Chimalhuacán.
En entrevista con medios de información, el presidente del Comité para la Defensa de la Tenencia de la Tierra de los habitantes nativos del pueblo originario de Santa María Chimalhuacán, aseguró “deben ser respetados los acuerdos que en otro tiempo se firmaron y los cuales están ante notario público ya que actualmente por las ambiciones personales de funcionarios nos quieren arrebatar”.
Denunció que en las tierras en pugna se busca instalar un polo de desarrollo impulsado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, junto con la gobernadora Delfina Gómez, sin importar el daño patrimonial que nos causarán.
Somos alrededor de 250 familias que tenemos con qué demostrar la legitimidad de la propiedad de esas tierras, ya que cuando la autoridad ha querido implementar alguna obra sin consultarnos, nos hemos ido a los amparos y los hemos ganado.
El polo de desarrollo industrial incluye una parte para vivienda y otra para parques de recreación e industria. A todos nos oponemos en tanto se violen nuestros derechos, indicó el líder de esta agrupación.
Como legítimos propietarios merecemos una explicación sobre el tema antes citado y, si el Estado va a requerir la tierra, debemos saber qué beneficio vamos a tener como propietarios y sólo si nos satisface la respuesta podríamos alcanzar acuerdos.
“Muchos compañeros tenemos escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad desde 1920; esos son los contratos de compraventa y contamos con los originales precisamente de estos contratos que se hicieron ante el Gobierno Federal”, reiteró.