Mientras el gobierno de Salomón Jara Cruz presume discursos de transformación y justicia social, en las comunidades más pobres de Oaxaca lo que realmente existe son escuelas abandonadas, techados inconclusos, aulas agrietadas y millones de pesos enterrados en obras mal hechas.
El escándalo del IOCIED no es un accidente administrativo. Es el retrato completo de un gobierno que prometió primero a los pobres y terminó entregándoles infraestructura defectuosa, peligrosa y, en muchos casos, abandonada.
Los datos son demoledores.
Un informe técnico presentado el 14 de mayo de 2026 revela que el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa reportó 126 obras con irregularidades tan graves que comprometen su funcionamiento y seguridad. Las obras son del 2025 y quien estuvo como director del IOCIED fue Alejandro López Jarquín.
De ellas, 18 fueron clasificadas directamente con calidad “MALA”, acumulando contratos por más de $24.6 millones de pesos. Otras 108 presentan deficiencias constructivas severas por más de $130 millones adicionales.
En total: más de $155 millones de pesos bajo sospecha. Y no hablamos de simples detalles de pintura o acabados menores. Lo que aparece en los reportes técnicos es un catálogo de negligencia institucional:
Concreto mal colado, acero oxidado, grietas estructurales, filtraciones, instalaciones eléctricas inseguras, materiales distintos a los contratados, compactaciones deficientes y obras abandonadas con avances mínimos.
Escuelas construidas para durar décadas que comenzaron a deteriorarse antes incluso de servir plenamente a los estudiantes.
La responsabilidad política de todo este fraude en obras escolares recae en el gobernador Salomón Jara Cruz, porque el IOCIED forma parte de su estructura de gobierno y porque estas obras fueron ejecutadas bajo su administración, bajo sus presupuestos y bajo su narrativa de “transformación”.
Pero también debe responder el director general del IOCIED, Alejandro López Jarquín, quien tenía la obligación legal y moral de supervisar que las constructoras cumplieran especificaciones técnicas, normas estructurales y tiempos de ejecución.
Nada de eso ocurrió. ¿Cómo se autorizó el pago de obras con acero corroído?, ¿Cómo se recibieron aulas con grietas y filtraciones?
¿Cómo se permitió que escuelas quedaran abandonadas en municipios indígenas y afromexicanos donde la educación pública es la única oportunidad para cientos de niños?
La respuesta parece evidente: porque en Oaxaca la supervisión de obra pública se convirtió en simulación burocrática. Así de simple.
La gran mentira de la “primavera oaxaqueña”
Las comunidades afectadas no son colonias privilegiadas de la capital oaxaqueña. Son municipios históricamente marginados como Santa María Cortijo, San Bartolomé Ayautla, Putla Villa de Guerrero, Santa María Lachixío, San Agustín Chayuco, Unión Hidalgo, San Juan Teposcolula, San Pedro Jicayán, San Francisco del Mar, por mencionar algunos, pero chequen la lista completa en este espacio.
Aquí les compartimos estimados ciberlectores un PDF de 12 páginas con los nombres de cada municipio, obras, dictámenes y costos de cada uno para que ustedes juzguen, porque es inadmisible tanta corrupción en un gobierno morenista donde las fallas golpearon justamente a quienes asegura defender todos los días desde el discurso oficial, su mañanera.
¡Una gran mentira!
Resulta particularmente indignante el caso de la Afrouniversidad Politécnica Intercultural en Santa María Cortijo, una de las obras con peor calificación y un contrato superior a $8.6 millones de pesos. Una universidad destinada a comunidades afromexicanas convertida hoy en símbolo de abandono, mala calidad y posible corrupción.
Lo ocurrido no puede maquillarse como “detalles técnicos”. Aquí existen posibles responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.
Porque cuando una autoridad paga obras defectuosas con dinero público, el problema deja de ser técnico y se convierte en corrupción institucional.
Cada grieta representa dinero desperdiciado. Cada obra abandonada representa una traición a comunidades que llevan décadas esperando infraestructura digna. Cada escuela mal hecha es una prueba de que el gobierno de Jara Cruz falló precisamente donde más prometió cumplir.
La pregunta ya no es si hubo negligencia. La verdadera pregunta es quién se benefició mientras las escuelas se caían a pedazos.
El discurso oficial del gobierno de Jara Cruz habla todos los días de transformación, justicia social y atención prioritaria a los pobres. Pero en las comunidades indígenas, afromexicanas y marginadas de Oaxaca, la realidad tiene otro rostro: escuelas abandonadas, techados inservibles, aulas agrietadas, sanitarios inconclusos y millones de pesos públicos convertidos en obras defectuosas.
El caso del IOCIED no es solamente una falla administrativa. Es un escándalo político.
Y también una evidencia brutal de cómo el gobierno estatal ha sido incapaz -o indiferente- para garantizar infraestructura educativa digna en las regiones más pobres del estado.
Los datos del informe técnico presentado el 14 de mayo de 2026 son devastadores:
- -126 obras presentan irregularidades constructivas.
- -18 fueron clasificadas directamente con calidad “MALA”.
- -108 más presentan deficiencias técnicas relevantes.
- -Monto total observado: más de $155 millones de pesos.
No se trata de detalles menores. No son “pequeños errores”. Lo documentado exhibe fallas estructurales que comprometen seguridad, funcionalidad y durabilidad de las obras ejecutadas durante 2025.
Concreto podrido, acero oxidado y escuelas abandonadas, donde el reporte técnico describe una cadena de negligencia que raya en lo criminal y no hay castigo a los responsables.
Es decir: infraestructura pública pagada con recursos estatales que comenzó a deteriorarse antes incluso de ser entregada. Escuelas hechas para tomarse la fotografía oficial, no para durar.
El gobierno de Salomón Jara Cruz llegó prometiendo acabar con la corrupción y poner primero a las comunidades históricamente olvidadas. Pero hoy, las obras observadas muestran exactamente lo contrario.
Las irregularidades aparecen en municipios de enorme pobreza y rezago social. Comunidades donde muchas veces una escuela digna representa la única posibilidad real de movilidad social para cientos de niñas y niños. Y precisamente ahí fue donde el gobierno falló.
Mientras en Oaxaca se multiplican los discursos sobre justicia social, las comunidades pobres siguen recibiendo obras de segunda, materiales baratos y construcciones abandonadas.
El IOCIED: un monumento a la simulación
La responsabilidad directa recae sobre el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa.
Y, por tanto, sobre su extitular, Alejandro López Jarquín. Porque ninguna de estas obras podía ejecutarse sin supervisión institucional. Ningún acero oxidado aparece por generación espontánea. Ninguna grieta estructural surge de la nada. Ninguna obra queda abandonada sin que alguien lo permita.
Aquí existieron: supervisores; residentes de obra; dictámenes técnicos; estimaciones pagadas; validaciones administrativas; liberación de recursos; y autorizaciones oficiales.
Porque el problema no termina en las constructoras. La responsabilidad también alcanza a los funcionarios que permitieron la simulación. ¿Qué dice a todo esto la secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Elsa Reyes López?
¿Acaso porque los responsables son de la “primavera oaxaqueña”, son intocables?, que falsa es esta funcionaria Reyes López, de la “doble moral”, quien prefiere guardar silencio cómplice.
El verdadero problema no son únicamente las grietas en las paredes o el acero oxidado enterrado en las columnas. La verdadera fractura está en un gobierno que prometió dignidad para los pobres y terminó entregándoles abandono, simulación y obras basura.
Porque mientras los funcionarios inauguran edificios con discursos y fotografías oficiales, en las comunidades de Oaxaca hay niños tomando clases entre filtraciones, techados inconclusos y estructuras que ya presentan daños antes siquiera de cumplir su función.
Eso tiene responsables.
Y aquí Salomón Jara Cruz no puede deslindarse de un desastre ejecutado bajo su administración, con recursos públicos de su gobierno y bajo el discurso de una supuesta transformación moral. Tampoco puede esconderse el exdirector del IOCIED, Alejandro López Jarquín, porque las obras no se abandonaron solas, no se agrietaron solas y no se pagaron solas.
Lo ocurrido en Oaxaca no es un error técnico. Es el fracaso de un modelo político que convirtió la obra pública en propaganda y dejó a las comunidades pobres pagando las consecuencias.
Y mientras no existan investigaciones reales, sanciones ejemplares y transparencia absoluta sobre quién se benefició de estas obras defectuosas, cada escuela abandonada seguirá siendo una prueba visible de corrupción, negligencia e impunidad.
Porque la llamada “primavera oaxaqueña” terminó convertida en ruinas.
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