La Coordinadora de Transporte del Estado de Oaxaca amagó con llevar a cabo un paro masivo de labores el próximo 15 de mayo en todo el estado, en caso de que la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes (SICT) no atienda una serie de denuncias hechas por sus agremiados sobre la invasión de rutas federales por parte del sistema de transporte BinniBus, propiedad del gobierno de Oaxaca.
Los inconformes acusaron que a pesar de que han exigido la intervención de la delegación estatal de la SICT para frenar la invasión de zonas federales por parte de los conductores de la empresa pública, la dependencia se ha negado a actuar y hacer valer el Estado de Derecho.
En ese sentido, la Coordinadora de Transporte exige que las unidades del BinniBus dejen de transitar sobre las carreteras 175 y 190 y que la Guardia Nacional División Carreteras sancione y saque de la circulación a los autobuses que transiten por esos puntos, pues los hacen sin los permisos correspondientes y fuera de la ciudad de Oaxaca.
Lo anterior, porque de acuerdo con la agrupación, la presencia del BinniBus, además de ser ilegal, se traduce en una competencia desleal en contra de alrededor de entre 60 y 70 de sitios de taxis colectivos, líneas de autobuses de pasaje e incluso camionetas de pasaje.
El nuevo sistema de transporte subsidiado por el gobierno de Oaxaca va hasta llegar al municipio de San Pablo Huitzo, al poniente de la zona metropolitana de Oaxaca capital, mientras que hacia el sur llega hasta el Valle de Zimatlán.
Los transportistas rechazaron que su intención sea boicotear el BinniBus o luchar para que deje de circular, pues lo único que buscan afirmaron es que la competencia se dé en medio de un entorno equilibrado sin beneficios para nadie y sin la invasión de rutas.
En ese sentido, este lunes los transportistas comenzaron una serie de protestas en la sede nacional de la CITS donde también se iniciaron mesas de trabajo con las autoridades de la república.
Al salir del primer encuentro con autoridades federales, los representantes de la iniciativa privada acusaron que las autoridades buscan hacer largo el procedimiento en vez de pugnar por la justicia.
Es imposible que los concesionarios privados puedan hacerle frente a una tarifa de 8 pesos pues esa tarifa no reúne los gastos mínimos elementales que tienen que afrontar.