El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó y desclasificó este miércoles una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios actuales y anteriores del estado por presunta conspiración para traficar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos y protección política. La Embajada de EE.UU. en México, a través del embajador Ronald Johnson, confirmó los cargos y los calificó como un paso clave en la lucha compartida contra la corrupción y el crimen organizado transnacional.
La acusación, presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, detalla que Rocha Moya y los demás imputados supuestamente colaboraron con la facción de los “Chapitos” (hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán) para facilitar el paso de drogas, proteger cargamentos, filtrar información de operativos y permitir violencia sin consecuencias. A cambio, habrían recibido millones de dólares en sobornos. Rocha Moya, de 76 años, enfrenta cargos que incluyen conspiración de importación de narcóticos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, con una posible sentencia de cadena perpetua y un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
Según el documento judicial, los “Chapitos” habrían ayudado a Rocha Moya a ganar la gubernatura en 2021 mediante secuestros e intimidación a rivales. Como gobernador, habría permitido que operaran con impunidad en Sinaloa. Otros acusados incluyen un senador, exsecretarios de estado, jefes policiacos y el alcalde de Culiacán. Uno de ellos, Juan Valenzuela Millán “Juanito”, enfrenta cargos adicionales por secuestros y asesinatos de un informante de la DEA y un familiar suyo.
El embajador Ronald Johnson publicó un mensaje directo en redes: “Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida. La corrupción que facilita el crimen organizado será investigada y procesada”. Johnson enfatizó que ambos países se han comprometido a fortalecer la transparencia y el Estado de derecho, y que EE.UU. seguirá trabajando con México en coordinación, aunque el proceso legal debe seguir su curso. Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance Cole, destacaron que el Cártel de Sinaloa no podría operar sin funcionarios corruptos. “Nadie está por encima de la ley”, señalaron. Esta es parte de una serie de acusaciones desde 2023 que han impactado las operaciones del cártel. Todos los imputados residirían actualmente en México.
Fuentes diplomáticas y periodísticas ya habían reportado la revocación de su visa estadounidense desde 2025. El suceso ocurre en medio de tensiones bilaterales por el flujo de fentanilo y la seguridad fronteriza.