Ciudad de México. – La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada y con la unanimidad de 467 votos la reforma al artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de Feminicidio. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca unificar el tipo penal y sus sanciones en todo el país, estableciendo un marco jurídico homogéneo que reduzca la impunidad y garantice justicia eficiente para mujeres y niñas.
La trascendencia de esta ley general cobra relevancia ante el alarmante panorama registrado en 2025, donde Sinaloa, el Estado de México y Chihuahua concentraron uno de cada cuatro feminicidios cometidos en el país. Estas tres entidades han mantenido patrones feminicidas durante más de una década, consolidándose como los focos rojos de la violencia de género en México.
Sinaloa se posicionó en 2025 como la entidad con mayor número de casos al registrar 68 feminicidios, lo que representa un incremento superior al 160% en comparación con los 26 casos de 2024. Esta cifra, que casi se triplicó en un solo año, muestra una concentración crítica en el municipio de Culiacán, donde ocurrieron seis de cada diez feminicidios de la entidad.
Por su parte, el Estado de México reafirmó su posición como una de las zonas más violentas, acumulando 1,074 feminicidios entre 2015 y 2025, cifra que representa más del 10% del total nacional en la última década. La entidad mexiquense ostenta los récords históricos más altos del país, con picos de hasta 151 casos en 2020 y manteniendo cifras superiores a los 115 casos anuales de manera sostenida.
En el norte, Chihuahua registró 46 feminicidios durante 2025, manteniendo niveles elevados de violencia que suman 343 casos en los últimos diez años. Al igual que en los otros estados críticos, la violencia se focaliza geográficamente, ya que el 59% de los casos en la entidad ocurrieron en Ciudad Juárez y la capital, Chihuahua.
Ante estos datos, el Congreso de la Unión deberá expedir la nueva legislación en un plazo de 180 días. Con esta reforma, se pretende que la tipificación unificada permita una persecución del delito más eficaz, evitando que la diversidad de leyes locales siga siendo un obstáculo para sancionar una de las formas más graves de violencia contra las mujeres en México.
