En el marco del Día Internacional de la Persona Presa Política, la Coordinadora Internacional y colectivos de mujeres mazatecas presentaron una denuncia pública que escala hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El informe detalla cómo el sistema penal mexicano fue utilizado durante una década para castigar a los defensores de Eloxochitlán de Flores Magón.
Entre 2014 y 2024, una mujer indígena y 20 hombres mazatecos sumaron un total de 91 años de cárcel pagados injustamente, una cifra que hoy se expone como evidencia de una persecución política.
La denuncia señala directamente a la diputada Elisa Zepeda Lagunas como la artífice de una estrategia de criminalización destinada a someter a la comunidad y facilitar el saqueo del río Xangá Ndá Ge.
Según el comunicado, se ha intentado ocultar ante las instancias federales y el partido Morena que los procesos judiciales no buscaban justicia, sino el despojo del territorio y la autonomía comunitaria.
Esta ofensiva legal dejó un saldo de más de 500 víctimas indirectas y forzó al exilio a 14 personas que aún esperan garantías para retornar a su hogar, señala la Coordinadora.
El año 2026 marca un punto de inflexión con la obtención de victorias jurídicas que el movimiento califica de históricas. La reciente ratificación de un amparo contra 200 órdenes de aprehensión y la sentencia absolutoria de Miguel Peralta han terminado por desenmascarar la fabricación de delitos mediante pruebas científicas y jurídicas.
Con 21 libertades ya recuperadas bajo la premisa de la verdad, las organizaciones exigen que la SCJN intervenga para garantizar el cese definitivo de todos los procesos penales que aún penden sobre los defensores del territorio.
Finalmente, las familias mazatecas advierten que no habrá justicia plena mientras persista la persecución contra los 14 exiliados y no se respete la integridad del río Xangá Ndá Ge.
Al unirse a la jornada global de solidaridad, recalcan que el caso de Eloxochitlán es un ejemplo del “derecho penal del enemigo”, donde el Estado persigue personas en lugar de juzgar hechos, transformando la ley en una herramienta de castigo para quienes se oponen al despojo institucionalizado.
