Transportistas y productores agrícolas del país iniciaron este miércoles una jornada nacional de protestas y bloqueos carreteros en varias entidades, como parte de las demandas conjuntas de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).
Los bloqueos y manifestaciones se registraron en Morelos, Zacatecas, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Baja California, Guanajuato, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y Tamaulipas. En Sinaloa, los manifestantes se concentraron en casetas de peaje, donde permitieron el paso de los conductores sin cobrar el peaje.
Los transportistas exigen principalmente un alto a la inseguridad en carreteras (robos, asaltos y extorsiones), la reducción en el precio del diésel y el fin a los abusos y cobros indebidos por parte de autoridades. Por su parte, los productores agrícolas demandan mejores precios de garantía para maíz y sorgo, así como mayor apoyo a las actividades del campo y mejores condiciones de comercialización.
En un pronunciamiento conjunto, ambas organizaciones señalaron que la movilización es “legítima, pacífica y necesaria”, ya que el transporte de carga y el campo mexicano son pilares fundamentales para la economía y el abasto del país. “Nuestra lucha no es en contra del pueblo, sino en defensa de todos los mexicanos”, destacaron.
Las organizaciones hicieron un llamado al Gobierno de México a establecer mesas de diálogo serias con soluciones concretas y compromisos verificables. Reiteraron que continuarán con las acciones hasta obtener respuestas efectivas a sus demandas.
En la zona metropolitana del Valle de México no se realizaron mayores concentraciones, solo en la caseta La Venta de la México – Toluca, manifestantes dejaron el paso libre en una garita lo que provocó filas kilométricas y molestia entre los afectados.
La vocera de la ANTAC, Jeannet Chumacero, denunció intimidación con policías y grúas en varios estados, en represalia por el anuncio de bloqueos carreteros. Aseguró que el paro “no está cancelado” y responsabilizó al gobierno federal por cualquier agresión contra dirigentes y manifestantes.
