Lo que inició como una promesa de justicia y cambio en el DIF Estatal fue solo un escenario de engaños y opacidad. La base trabajadora de la institución anunció el retorno a las movilizaciones y el desconocimiento de los acuerdos sindicales, tras confirmar que el Gobierno de Salomón Jara Cruz y la gestión de Irma Bolaños Silva han mantenido en la estructura oficial a Jadiel López Coheto, a pesar de las graves acusaciones de violencia y falta de ética en su contra.
A pesar de que la presidenta honoraria del DIF, Irma Bolaños, se comprometió personalmente a la salida inmediata del funcionario tras el primer paro de labores, los hechos han demostrado lo contrario.
Trabajadores denuncian que la administración estatal, en presunta complicidad con la dirigencia sindical de Carmen Zárate, orquestó una “salida ficticia” que permitió a López Coheto conservar su estatus y salario.
La indignación interna otra vez se hace presente, ya que no se trata solo de maltrato laboral, sino que sobre López Coheto pesa el testimonio público de la joven Mayra Martínez, quien denunció haber sido extraída de una casa hogar del DIF por el funcionario y su esposa bajo promesas de un hogar, para terminar siendo víctima de explotación laboral doméstica.
A pesar de este historial que provocó indignación social, la esposa del gobernador Salomón Jara Cruz se niega a proceder, a ello se suma los líderes sindicales que argumentan que las pruebas son insuficientes y que el conflicto responde a “temas políticos”, priorizando la negociación salarial 2026 sobre la justicia y la integridad de los menores y trabajadores.
Ante la opacidad de la administración y la pasividad de su propia dirigencia, a la cual acusan de actuar como un brazo del gobierno en lugar de defender los derechos laborales, los empleados del DIF han advertido que no permitirán más mentiras.
La base trabajadora contempla el desconocimiento de los acuerdos sindicales y el retorno a las movilizaciones, al considerar que la protección a este funcionario representa una afrenta directa a la misión de asistencia social del DIF Estatal y un quiebre total de la confianza en las autoridades.
