En medio de señalamientos de presuntos actos irregulares por parte de jueces que conocen de casos de alto impacto en la entidad, el Poder Judicial de Oaxaca reportó un gasto de mil 152 millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2025.
Lo anterior, representa una erogación de recursos de 96 millones de pesos al mes, 3.2 millones de pesos diarios o 133 mil 400 pesos cada 60 minuto, de acuerdo con el último informe de avance de gestión financiera de 2025 de la Secretaría de Finanzas, enviado al Congreso de Oaxaca para su análisis y aprobación.
El reporte refiere que el Poder Judicial de Oaxaca, conformado por jueces y magistrados, recibió ampliaciones presupuestales por 9 millones 552 mil pesos.
Lo anterior, provocó que su presupuesto inicial, que era de mil 148 millones de pesos, aumentara a mil 158 millones de pesos, los cuales fueron gastados en su totalidad al 31 de diciembre.
Los dineros públicos enviados al Poder Judicial con el aval del Poder Ejecutivo, que encabeza Salomón Jara, se dividieron de la siguiente forma: 247.2 millones de pesos fueron gastados de manera directa por el Tribunal Superior de Justicia, integrado por 27 magistrados y magistradas que deben o deberían salvaguardar la constitucionalidad de las resoluciones emitidas por jueces y juezas de primera instancia del fuero común.
Si el gasto reportado a lo largo del ejercicio fiscal se dividiera equitativamente entre cada magistrado, cada uno de ellos le costaría a la población 9.1 millones de pesos.
El resto del presupuesto; es decir, 911.1 millones de pesos, fueron erogados por el Consejo de la Judicatura, organismo encargado de supervisar, capacitar y seleccionar al personal, incluidos jueces, de todos los juzgados de primera instancia que existen en Oaxaca.
Esa burocracia judicial de Oaxaca le costó a los habitantes de esta entidad 75.9 millones de pesos al mes o 2.5 millones de pesos cada 24 horas.
A pesar de lo anterior, jueces y magistrados de Oaxaca han sido señalados de manera reiterada de emitir sentencias en contra de los intereses de las víctimas o bien a partir de intereses políticos.
Tales acusaciones fueron hechas por la familia de la activista Claudia Uruchurtu, desaparecida desde 2021 y cuyas hermanas han denunciado que tanto jueces y representantes del Tribunal Superior de Justicia dejaron en libertad de manera irregular a la exedil de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta.
En el primer caso, jueces de Oaxaca decidieron sentenciar a la exfuncionaria a poco más de 4 años y 2 meses de cárcel únicamente por el delito de obstrucción de las investigaciones y no como autora de la desaparición forzada como lo había solicitado la familia y la Fiscalía estatal y lo que ameritaba una sentencia de más de 40 años de cárcel.
Posteriormente, magistrados del Tribunal Superior de Justicia redujeron la pena de la ex edil morenista y permitieron con ello que saliera en libertad.
Aquella resolución ha sido impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aún no resuelve el expediente.
Jueces y magistrados de Oaxaca también han sido acusados por el colectivo Presos Políticos de Eloxochitlán de Flores Magón de orquestar una persecución en contra de habitantes de aquella localidad por consigna de líderes políticos del partido Morena en Oaxaca, vinculados al político Manuel Zepeda, padre de la diputada morenista Elisa Zepeda.
La activista Argelia Betanzos ha afirmado que los representantes de la justicia en el ámbito estatal han ordenado la detención de ciudadanas y ciudadanos bajo acusaciones de delitos como daños, tentativa a domicilio y homicidio cuando jueces federales han determinado la inexistencia de elementos para fincar responsabilidades en contra de los habitantes.
