La bancada federal de Movimiento Ciudadano (MC) lanzó una ofensiva contra la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al calificar el actual “Plan B” como una “micro-mini reforma” administrativa que carece de fondo democrático y que busca institucionalizar la promoción ilegal de funcionarios bajo el disfraz de la revocación de mandato.
Desde la capital oaxaqueña, el diputado federal Sergio Gil Rullán denunció que la iniciativa presidencial es una simulación terminológica. “La revocación es cuando el pueblo pide que se vaya el gobernante; lo que propone la Presidenta es una ratificación para poder estar en la boleta en su segundo o tercer año y mantenerse en campaña permanente”, señaló el legislador, al subrayar que nadie ha solicitado formalmente la salida de la mandataria del cargo.
“Con esos recursos se podrían recuperar las estancias infantiles y financiar la cobertura universal para niños con cáncer en todo el país, siguiendo los modelos de éxito que ya operan en Jalisco y Nuevo León”, enfatizó.
El legislador naranja alertó sobre graves deficiencias técnicas en la propuesta federal, al asegurar que la redacción es tan “escasa” que vulnera el principio de paridad de género en los municipios. Criticó, además, la intención de imponer un mínimo de siete y hasta 15 regidurías por ayuntamiento, una medida que ignora la realidad operativa de la mayoría de los municipios del país, que funcionan con estructuras mucho más austeras.
En un contraste de cifras, Gil Rullán desestimó el ahorro de cinco mil millones de pesos planteado por el oficialismo. Informó que la contrapropuesta de Movimiento Ciudadano —una reforma integral de más de 600 artículos— plantea un ahorro real de 45 mil millones de pesos.
La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, encabezada por Alberto Sosa, Francisco Melo y las diputadas Alejandra García Morlan y Fátima García, confirmó que ya existe un recurso legal en revisión ante el Instituto Nacional Electoral (INE) derivado de irregularidades detectadas en la entidad.
Las y los emecistas señalaron que Oaxaca fue escenario de una “simulación electoral” donde diversos funcionarios públicos incurrieron en actos de promoción ilegal. Advirtieron que el INE ya actúa para sancionar a los responsables de lo que calificaron como una “trampa para la gente”, al asegurar que no permitirán que se normalice el uso de recursos públicos para fines de auto-promoción política bajo el amparo de reformas mal escritas.
