La Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui de Oaxaca (Ubisort) acusó al político Manuel Zepeda y a la diputada local Elisa Zepeda, su hija, de estar detrás de los grupos de inconformes que mantienen tomado desde noviembre pasado el palacio municipal de Eloxochitlán de Flores Magón, donde la madrugada del 12 de marzo fueron incendiados dos vehículos y parte de la fachada del palacio municipal.
El líder de la Ubisort, Fabián Pereda, afirmó este día que las personas que encabezan la movilización actúan debido a que Manuel Zepeda perdió el control del Ayuntamiento.
El presidente municipal, Joel Alonso Pérez Cerqueda, sostuvo que los hechos cometidos en contra del patrimonio municipal han sido denunciados ante la Fiscalía de Oaxaca; sin embargo, el concejal se negó a mencionar quiénes fueron los responsables del ataque.
Ante ello, Fabián Pereda señaló al padre de la legisladora y a la legisladora como generadores de violencia.
Queremos aclarar y pedirle al gobernador del estado que llame la atención de personajes que integran, incluso, parte del Congreso del estado. Hay una persona de nombre Manuel Zepeda que es padre de la diputada Elisa Zepeda que es quien está encabezando estos actos de violencia y no hay por qué esconder el nombre de este personaje
dijo Pereda.
Es un cacique de este pueblo perdieron el poder, no han hecho nada por este municipio y ahora que se ve un nuevo cambio están en descontento
agregó.
Los hechos que se denunciaron ocurrieron la madrugada del 12 de marzo cuando un grupo de inconformes en contra de la actual administración encendieron 2 vehículos que permanecían en la sede del Poder Ejecutivo municipal.
En 2014, un hecho violento entre dos grupos opuestos terminó en un enfrentamiento con saldo de una persona muerta y varios lesionados.
Diputada rechaza acusaciones
Ante los señalamientos de la Ubisort, la legisladora Elisa Zepeda se dijo víctima de una campaña de odio contra ella y su familia, y responsabilizó de cualquier acto en su contra al cabildo del actual presidente municipal
Hago público que los responsabilizo a ellos, a su cabildo y a las personas que durante años nos han agredido física, psicológica y patrimonialmente, de cualquier daño que pudieran ocasionarnos a mi familia y a mí.
Asimismo, responsabilizo a las instancias gubernamentales que deberían garantizar un Estado de derecho, construido con respeto y con base en la pertinencia cultural.
Han convertido el nombre de mi comunidad, el de mi padre y el mío en un escenario de denostaciones, acusaciones y discursos de odio, con el único afán de desviar la atención de lo que verdaderamente interesa a la comunidad: la reconstrucción del tejido social, con calidad humana en el servicio y respeto a los derechos humanos
reiteró.
