Ciudad de México.- El Gobierno Federal prepara el envío de una nueva Reforma Electoral al Congreso de la Unión para el próximo lunes 16 de marzo. Este “Plan B” surge tras el rechazo de la propuesta original de 2025, la cual buscaba reducir el financiamiento de los partidos políticos de 7,000 a 3,000 millones de pesos anuales y la elección popular de diputados plurinominales, medidas que no alcanzaron el consenso de la oposición y parte de los aliados legislativos.
El eje central de esta nueva iniciativa es el combate a los privilegios presupuestales en los estados. El Gobierno Federal busca establecer topes máximos a los presupuestos de los congresos locales y del Senado, con lo que se espera un ahorro estimado de 4,000 millones de pesos. Estos recursos, según el proyecto, serían transferidos directamente a los municipios para atender necesidades básicas de obra pública, como baches, drenaje y servicios de agua potable.
La reforma también pone la lupa sobre la desigualdad en el costo de la democracia local. Actualmente, un diputado en Baja California le cuesta al erario 34.8 millones de pesos, lo que representa siete veces más que el presupuesto de un legislador en Colima. Para corregir estas disparidades, la iniciativa propone reducir el número de regidores en los ayuntamientos; por ejemplo, en municipios como Acapulco, se plantea pasar de 20 a un máximo de 10 regidores, destinando el ahorro en nómina a infraestructura social.
En materia de transparencia y participación, el “Plan B” impulsa la revocación de mandato para el tercer o cuarto año de gestión y abre la puerta a consultas populares sobre temas electorales clave. Asimismo, se busca obligar a los funcionarios a reportar ingresos completos ante el Instituto de Seguridad y Ética (ISE), con el fin de exponer y eliminar los “salarios ocultos” o bonos extraordinarios que permiten que algunos regidores perciban sueldos que superan incluso al de la Presidenta de la República.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la propuesta asegurando que el 80% de los mexicanos apoya la reducción de salarios en la alta burocracia. Al referirse a la votación dividida con partidos aliados como el PT y el PVEM en el intento anterior, la mandataria subrayó que, aunque no hay traiciones, la ciudadanía sabrá identificar a quienes votan en contra de la austeridad.
El reto ahora será alcanzar la mayoría calificada necesaria para estas reformas constitucionales, iniciando un proceso de diálogo que, según el Ejecutivo, no cederá en sus principios de ahorro y rendición de cuentas.
