En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de la Mujer emitió un mensaje oficial al referir la fecha como una “oportunidad para reconocer y reflexionar sobre la lucha histórica por condiciones laborales dignas y una vida libre de violencia”.
Sin embargo, detrás de la retórica institucional, una decena de profesionales del programa Centro LIBRE —abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales— denuncian que la dependencia las mantiene trabajando sin pago, sin contratos vigentes y bajo un esquema de maltrato que contradice cada palabra de su discurso público.
La crisis financiera que atraviesan estas trabajadoras es resultado de una cadena de omisiones administrativas. Tras el finalizar su contrato en diciembre, el cual absorbió el gobierno federal porque así fue el esquema al tratarse de un programa nacional, la administración de Salomón Jara les pidió continuar con las labores, pero ahora el pago sería bajo su responsabilidad.
Estos acuerdos se realizaron con la anterior titular, Anahí Sarmiento, y quien heredó esta situación de incertidumbre que la actual secretaria, Rogelia González, no ha mostrado interés en resolver.
Según testimonios de las afectadas, mientras ellas operan en las comunidades sin recursos, Rogelia González ha optado, en sus primeros días, en centrar su gestión en la lisonja política y el elogio a la presidenta del DIF Estatal, Irma Bolaños, postergando la firma de los contratos estatales que se prometieron desde enero y que hoy mantienen los salarios retenidos.
Aunado a esta situación, se expone que, mientras el personal de Centro LIBRE recorre las comunidades para brindar asesoría jurídica y prevención de violencia, ellas mismas son víctimas de violencia laboral por parte de las coordinadoras regionales.
Las trabajadoras reportan un trato despótico donde se les tacha de “incompetentes e ignorantes” y se les imponen metas absurdas, como realizar actividades para dos o tres mil personas en localidades que apenas cuentan con 200 habitantes.
Ante las quejas por la falta de pago y herramientas, la respuesta institucional se reduce a una frase lapidaria: “para eso se les paga”, a pesar de que no han recibido un solo peso en lo que va del año.
Esta situación deja al descubierto la brecha entre el discurso del gobernador Salomón Jara Cruz, quien insiste en que las mujeres son prioridad, y la realidad de quienes operan la política de género en Oaxaca.
Mientras la Secretaría de la Mujer se “solidariza” en redes sociales con la lucha por los derechos laborales, en la práctica vulnera la dignidad de sus propias especialistas, al demostrar que para la institución, la “vida libre de violencia y discriminación” es un eslogan que no aplica para quienes trabajan dentro de sus filas.
