Tras las denuncias públicas sobre precariedad y maltrato laboral, la recién nombrada titular de la Secretaría de la Mujer, Rogelia González, se comprometió a regularizar el pago de salarios y la firma de contratos de las especialistas del programa Centro LIBRE para las Mujeres a más tardar la próxima semana.
En entrevista para este medio, la funcionaria deslindó su responsabilidad de los adeudos de enero y febrero, al argumentar que su gestión inició apenas el pasado 1 de marzo.
La también activista señaló que la falta de pagos es un “rezago heredado” de la administración de la ex titular, Anahí Sarmiento, y que actualmente se encuentra en gestiones directas con la Secretaría de Finanzas para liberar los recursos.
A pesar de que las trabajadoras han laborado sin certeza jurídica desde enero, Rogelia González aseguró que el personal ya se encuentra en proceso de formalización.
“Nadie se va a quedar sin firmar sus contratos; es un criterio administrativo necesario para que se pueda hacer el pago”, puntualizó, al detallar que delegaciones como las de la Mixteca y Valles Centrales han acudido en días recientes a realizar el trámite.
Sin embargo, al ser cuestionada sobre si el Gobierno del Estado incurrió en una omisión al no informar con veracidad a las trabajadoras sobre el retraso de tres meses en sus salarios, la secretaria evitó fijar una postura.
“Yo no podría darle ese dato, eso no me corresponde. Lo que sí puedo decir es que el personal va a cobrar”, respondió.
Respecto a las denuncias de trato déspotas y exigencias irreales por parte de algunas coordinadoras regionales hacia el personal de campo, la funcionaria —quien se autodefinió como una mujer “de territorio”— prometió realizar recorridos por las regiones para establecer condiciones dignas.
“No vamos a permitir que ninguna mujer, sea profesionista o beneficiaria, sea maltratada o humillada”, afirmó, al hacer hincapié que de manera oficial no tiene ninguna denuncia y queja de las afectadas.
La crisis en Centro LIBRE para las Mujeres no es nueva. Durante la gestión de Anahí Sarmiento, el programa ya arrastraba conflictos, como el despido de trabajadoras que cuestionaron el cobro de 600 pesos por concepto de uniformes.
Esta irregularidad resultó particularmente grave dado que, según denuncias internas, dicho recurso ya se encontraba etiquetado en el presupuesto del programa federal, lo que sugería un presunto cobro indebido al personal.
Cabe destacar que la nueva titular garantizó que se respetará el tabulador salarial federal y que no habrá reducciones de sueldo, una de las principales preocupaciones de las psicólogas y abogadas.
El compromiso queda pactado para la próxima semana, fecha en la que el discurso de “prioridad a las mujeres” del gobierno estatal deberá traducirse, finalmente, en depósitos bancarios para quienes sostienen la prevención de la violencia en Oaxaca.
