El reportero oaxaqueño Álvaro Cuitláhuac López denunció que, a un año de la agresión que sufrió tanto él como su familia por un grupo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Fiscalía de Oaxaca no ha castigado a los responsables del allanamiento de morada perpetrado por los elementos, además de diversas agresiones físicas en contra de él y sus allegados.
A pesar de que los hechos fueron transmitidos en tiempo real por medio de una transmisión en vivo en una página de noticias propiedad del comunicador, en donde se observan los agravios y las agresiones sufridas, la autoridad ministerial no ha castigado los hechos ni a los agentes que han pretendido identificar por nombre a cada elemento involucrado en la agresión, ocurrida el 7 de marzo de 2025.
Álvaro Cuitláhuac indicó que, a pesar de que fueron agredidos prácticamente todos los miembros de su familia, desde su padre hasta su madre, primos, primas y hermanos, la autoridad ministerial no ha acatado la recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la cual, entre otros puntos, demandó una disculpa pública.
“Me intentaron arrebatar el teléfono y es cuando mi familia interviene, hablo de mi familia cercana: mi papá, mi hermano, mi sobrina y, en ese momento, es cuando empieza la agresión”, dijo el comunicador durante la rueda de prensa efectuada en el domicilio donde se registraron los hechos, en inmediaciones de la Central de Abasto.
“En ese momento es cuando los elementos los empiezan a detener, nos empiezan a golpear y, afortunadamente, yo alcanzo a subirme hacia esta parte, al segundo piso, pero mi familia ya no puede, se queda aquí y ahorita en el video se va a alcanzar a ver cómo lo someten, cómo a mi papá lo arrastran de la puerta de su negocio hasta la esquina donde tenían una camioneta… igual ahorita en la imagen va a aparecer que a mi hermano lo tienen sometido los policías…”.
“Aquí a mi mamá, una de las agentes estatales de investigación le aplica la famosa ‘llave china’, la que ocupan los delincuentes para robar en toda esta zona de la Central de Abasto; es la táctica que ocupa la Agencia Estatal de Investigaciones…”, agregó el periodista.
Refirió que, a pesar de que durante los últimos meses ha conseguido imágenes sobre la forma en que se perpetró la agresión, el Ministerio Público se niega a recibirlas como prueba.
Otros puntos contemplados en la recomendación de la Defensoría eran que los elementos inmiscuidos en la agresión fueran enviados a capacitación, así como que se cumpliera con una reparación del daño por las afectaciones ocasionadas tanto al inmueble propiedad de la familia como a cada uno de los afectados. La compensación debería ser canalizada a través de la Comisión Estatal de Víctimas.
“El único punto en el que hasta el momento se ha avanzado en un 70 % es en la reparación de los daños ocasionados al inmueble, de ahí en fuera no hay mayor avance… no se habla de agentes estatales detenidos, no se habla de personal suspendido”.
“Hace un año dijo el fiscal que había tres personas suspendidas; nunca dio nombres, nunca dio cargos y pues, hasta el momento, a través del trabajo que realizamos como reporteros, como periodistas, no los hemos encontrado en todos los eventos de nota roja que hay aquí en la ciudad”.
“Finalmente, hace un mes exactamente, me citó la Fiscalía para pedir que iban a extraer de mi teléfono celular el video que yo realicé de la transmisión en vivo. Facebook te da 30 días para que descargues tu video; si no, lo elimina de la plataforma… lo descargué”.
“Afortunadamente, estas imágenes que yo les pongo el día de hoy me las proporcionaron vecinos a los que posteriormente les destruyeron sus cámaras… pero esas imágenes me las proporcionaron los vecinos. Cuando yo acudí para que extrajeran el video de mi celular, les dije que tenía yo otras imágenes donde se veía el grado de participación que tuvo cada elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones y me dijeron que esos no servían porque me los habían enviado por WhatsApp, que necesitaban que el video fuera originalmente grabado de mi teléfono celular, si no, no servía como pruebas”, condenó.
“Repito, a un año de esa situación, no hay justicia, no hay personal cesado, no hay suspendidos, no hay disculpa pública… no se ha llevado a cabo la ejecución de esta recomendación y estamos igual que hace un año”.
