Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de las poblaciones LGTTBIQ+, personas con discapacidad, pueblos originarios, comunidades indígenas, afromexicanas y migrantes, emitieron un pronunciamiento dirigido al Congreso de la Unión, para manifestar su preocupación ante la actual propuesta de reforma electoral, que advierten ignora los derechos conquistados y las sentencias vigentes emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Los colectivos subrayan que la inclusión no debe ser un concepto abstracto, sino una realidad normativa que respete el principio de progresividad. Según los datos presentados, existe una brecha alarmante entre el peso demográfico de estos grupos y su representación real en el Legislativo.
Mientras que el INEGI reporta que el 5.1% de la población se identifica como LGTTBIQ+ y el 19.4% como indígena, su presencia en el Congreso apenas alcanza el 0.96% y el 7.96% respectivamente, lo que evidencia una subrepresentación que la reforma actual no resuelve.
Otro de los puntos señalados es la intención de agrupar a todas las poblaciones históricamente excluidas bajo una “sola bolsa” de grupos subrepresentados. Las organizaciones advierten que esta falta de especificidad permite a los partidos políticos incurrir en prácticas de simulación y usurpación, además de obligar a los grupos vulnerables a competir entre sí por espacios limitados, lo que debilita el avance democrático y visibiliza únicamente a ciertos sectores mientras mantiene a otros en el margen.
“La democracia exige inclusión y, en ese marco, reiteramos la necesidad de avanzar hacia condiciones efectivas de igualdad y reconocimiento. Asimismo, solicitamos que la reforma, reconozca e incorpore acciones afirmativas específicas para personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, población afromexicana y para poblaciones de la diversidad sexual y de género, en congruencia con los derechos y criterios ya reconocidos por las autoridades jurisdiccionales en materia electoral”, señalan.
El pronunciamiento exhorta a las y los legisladores a incorporar acciones afirmativas claras, mecanismos de ajuste en las listas de representación proporcional y sanciones institucionales para quienes omitan estas obligaciones.
Los firmantes enfatizaron que “sin representación de los grupos históricamente excluidos, la democracia no va”, al proponer además la creación de mesas de trabajo permanentes entre autoridades electorales y sociedad civil para asegurar una participación política efectiva y libre de discriminación.
