Por presuntas violaciones a los derechos humanos al libre tránsito, a la seguridad, a la libertad, a la salud y a la alimentación en perjuicio de pobladores de los municipios de San Juan Mazatlán, Mixe y Santo Domingo Petapa, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la medida cautelar 02/2026 dirigida a diversas autoridades de la administración pública estatal, así como a los presidentes municipales de las localidades involucradas.
Con base en diversas notas periodísticas, esta Defensoría documentó que entre los municipios de San Juan Mazatlán Mixe y Santo Domingo Petapa ha existido un conflicto agrario que data del año 1970, situación que ha propiciado una serie de acontecimientos que ponen en riesgo a alrededor de 55 familias, quienes al ser desplazadas de sus hogares se resguardan en una cabecera municipal y en la agencia de Rancho Juárez; registrándose el fallecimiento de tres pobladores, entre ellos dos personas mayores; así también se ha evidenciado la presencia de grupos armados, lo que pone en riesgo la integridad de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas mayores.
Bajo este contexto, corresponde al Estado y las autoridades municipales salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, ya que las personas afectadas requieren una atención desde un enfoque diferenciado y especializado por la situación de desplazamiento forzado interno (DFI), colocándolos en condiciones de vulnerabilidad al enfrentarse a la falta de servicios básicos como lo es el acceso al agua potable, a la energía eléctrica, alimentos, educación y asistencia médica, entre otros.
Resulta importante destacar que ante esta problemática la DDHPO emitió la alerta temprana 03/2026 el 27 de febrero de 2026, como medida preventiva ante probables violaciones a derechos humanos, debido al escenario de violencia que se registraba en las localidades; sin embargo, ante la grave situación de vulnerabilidad en que se encuentran las y los pobladores en ambas comunidades y ante un escenario de riesgo, urgencia e irreparabilidad de daños, este organismo autónomo solicitó la implementación de medidas cautelares.
Por ello, al estar involucrados niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas mayores, se requirió que la Comisión de Atención a Víctimas se constituya en el sitio donde se encuentran alojados de manera temporal, con el objetivo de que reciban ayuda provisional, oportuna y rápida, así también se proceda a su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas por la situación de DFI, y de manera coordinada con las instancias competentes procedan a la elaboración de un Plan de Atención Integral que garantice soluciones duraderas que les permita ejercer su derecho a la restitución de sus viviendas y patrimonio.
De igual forma, se solicitó que las autoridades competentes de la administración estatal y municipal coordinen diálogos a efecto de atender en forma oportuna la problemática y se brinde atención integral al DFI, garantizando atención médica especializada y de calidad a las personas afectadas de las localidades de Loma Santa Cruz, Rancho Juárez, Valles y San Antonio del Valle, implementando programas emergentes para la atención integral de las familias que se encuentran en situación de DFI.
Finalmente, a las instancias facultadas se les instó a que adopten los mecanismos y acciones necesarias para garantizar la integridad y seguridad personal de las víctimas de DFI y de los habitantes de las comunidades en conflicto, a fin de evitar la consumación de delitos y/o la producción de daños de difícil o imposible reparación; de la misma manera, que se lleven a cabo las investigaciones de los delitos que con motivo del conflicto se hubieran cometido a través de las denuncias que se recaben con las personas agraviadas, y se efectúen las acciones pertinentes para proteger las propiedades y posesiones de las personas desplazadas.
