La indignación contenida en los pasillos del DIF estatal ha estallado contra la procuradora de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Yarib Hernández García.
A pesar de que la funcionaria sostuvo firmemente ante el gobernador Salomón Jara que los centros de asistencia eran espacios seguros y bajo supervisión internacional, la realidad interna cuenta una historia de negligencia mortal, maltrato y un manejo turbio de los recursos de los menores.
“No hay riesgos”, la mentira que costó vidas
Frente al micrófono de la conferencia “mañanera” del pasado lunes 23 de febrero, Hernández García afirmó que tras diversas inspecciones no se detectaron condiciones de peligro.
Sin embargo, esta declaración es hoy el principal reproche de los trabajadores y la sociedad civil, ya que mientras la procuradora vendía una imagen de control absoluto, la institución registraba el fallecimiento de dos niñas.
Para el personal que labora en estos centros, las palabras de la funcionaria no fueron más que una estrategia de encubrimiento para evadir la responsabilidad administrativa y penal que conlleva la omisión de cuidados.
El despojo a los internos: el caso de Francisca Cruz
La crisis de humanidad en la procuraduría no termina en la falta de seguridad física, sino que se extiende a lo que parece ser una red de rapiña contra el patrimonio de los jóvenes.
Yarib Hernández es señalada directamente por víctimas como Francisca Cruz Juárez, joven medallista con discapacidad, de retener ilegalmente sus ahorros y tarjetas de Bienestar.
Entre ellos una cuenta BBVA con $109,422.51 (fruto de becas y premios) y otras cuentas con saldos en BanCoppel y Santander provenientes de su esfuerzo laboral.
Este dinero, que por norma debe entregarse íntegro al egreso de los residentes, permaneció bajo el control de la procuradora, quien se negó a devolverlo, rompiendo con la práctica de administraciones pasadas donde se respetaba el ahorro de los jóvenes para su vida independiente.
Un patrón de abuso y la exigencia de destitución
El expediente de abusos incluye también a Jaime Daniel Villalobos, un joven que se vio obligado a escapar del albergue debido al maltrato sistemático. Jaime reclama la devolución de $40,000.00 pesos de sus ahorros de trabajo, señalando a Hernández García como la responsable de custodiar —y ocultar— tanto el efectivo como las tarjetas de apoyo social.
Los trabajadores del DIF coinciden en que la procuradora ha convertido la custodia de los menores en un mecanismo de control financiero sobre sus ingresos.
Sin espacio para la impunidad
La difusión de videos por parte de la Vocería estatal, donde Yarib Hernández tacha de “mentiras” las acusaciones, ha sido recibida como una bofetada a las víctimas.
La exigencia es la separación inmediata del cargo de la procuradora para que sea investigada penalmente.
La ciudadanía y los trabajadores advierten que no permitirán que la tragedia de las dos niñas muertas y el robo de los ahorros de jóvenes con discapacidad queden en la impunidad bajo el amparo del discurso oficial.
