La negligencia y la falta de supervisión en las instituciones de asistencia en Oaxaca cobraron un precio irreparable. Tuvo que registrarse el fallecimiento de dos niñas de nacionalidad haitiana, halladas sin vida en una fosa séptica del albergue de tránsito “Casa Pato”, para que el gobierno de Salomón Jara reaccionara con el cese inmediato de las autoridades responsables de estos espacios.
El hallazgo, realizado por el cuerpo de bomberos tras activarse los protocolos de búsqueda, dejó al descubierto las precarias condiciones de seguridad en las que se encuentran los menores migrantes bajo resguardo del Estado.
Ante la gravedad de los hechos, la titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Yarib Hernández García, confirmó la destitución de la directora general Maribel Salinas, de la directora del albergue y de la coordinadora general de albergues, quienes ahora enfrentan investigaciones por omisiones que resultaron fatales.
La tragedia ha forzado una intervención de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Leticia Reyes, titular de la dependencia, señaló que no se limitarán a sanciones administrativas, sino que iniciarán procedimientos penales contra los servidores públicos que incumplieron con sus facultades.
Esta medida, aunque drástica, llega solo después de que el luto alcanzara a una familia migrante que confiaba en la protección de las instituciones oaxaqueñas.
Mientras la Fiscalía General del Estado avanza en la carpeta de investigación para esclarecer el caso, el gobierno estatal prometió una revisión integral de la infraestructura y supervisión de todos los centros asistenciales.
Sin embargo, queda en el aire el cuestionamiento sobre por qué estas medidas de control y vigilancia no se aplicaron de manera preventiva, evitando así que una fosa séptica se convirtiera en el escenario de una tragedia que hoy enluta al estado.
