El balance político a tres años de la actual administración estatal ha sido calificado como un ejercicio de simulación y continuidad neoliberal por los integrantes de la Segunda Asamblea por la Reconstitución del Movimiento Social.
Durante el encuentro realizado el pasado 21 de febrero en Santa María Atzompa, más de 350 representantes de 46 organizaciones sociales sentenciaron que, a pesar del discurso oficial, el gobierno de Oaxaca ha traicionado sus principios de izquierda para abrazar intereses transnacionales.
Los asambleístas denunciaron que la gestión actual que encabeza Salomón Jara Cruz se ha caracterizado por el nepotismo y la corrupción, operando bajo una lógica que favorece el despojo sistemático de los territorios en las ocho regiones del estado.
Según el pronunciamiento, el gobierno ha utilizado los programas sociales no para el desarrollo, sino como herramientas asistencialistas y clientelares destinadas a fragmentar el tejido social y debilitar la organización comunitaria que históricamente ha defendido la tierra.
La valoración del movimiento social es que, lejos de ser un gobierno popular o indígena, el Estado ha intensificado la militarización de los territorios y ha empoderado a cacicazgos regionales.
Los participantes señalaron con especial preocupación el uso de grupos de choque, disfrazados de figuras sociales, y de las fuerzas policiales para confrontar y reprimir la protesta legítima, una táctica que consideran propia de regímenes autoritarios que el actual gobierno prometió erradicar.
Asimismo, se acusó a la administración de utilizar un discurso difamatorio y estigmatizante desde las instituciones del Estado contra las y los defensores del territorio.
Explicaron que resulta particularmente doloroso para las organizaciones que quienes hoy ostentan el poder —y que en el pasado se ostentaban como luchadores sociales— sean los mismos que hoy fabrican delitos, persiguen a activistas y permiten que la violencia feminicida y las desapariciones sigan al alza en la entidad.
Ante este escenario de hostilidad institucional, la asamblea se declaró en sesión permanente como un espacio de unidad colectiva. La exigencia es por el cese inmediato de la judicialización contra defensores y el cumplimiento de los acuerdos.
El movimiento subrayó que no habrá tregua mientras existan presos políticos como Pablo López Alavez o desaparecidos como Irma Galindo y los defensores de la Mixteca.
Finalmente, los colectivos reafirmaron su “no” rotundo a proyectos emblemáticos del gobierno federal y estatal, como el Corredor Interoceánico y las concesiones mineras, calificándolos como pilares de una política extractivista que atenta contra la vida.
