La crisis institucional que sacude al sistema de justicia local ha dejado de ser un rumor en los pasillos para convertirse en un derrumbe silencioso pero devastador del Poder Judicial de Oaxaca que enfrenta una deuda que alcanza los $300 millones de pesos y que no han logrado superar.
Al interior del Poder Judicial del Estado, los pilares que alguna vez le dieron solidez, cierta independencia y credibilidad hoy se están desmoronando.
El tema del presunto desfalco en el Poder Judicial de Oaxaca ha cobrado relevancia recientemente debido a señalamientos sobre un déficit financiero de aproximadamente $300 millones de pesos.
Aquí los puntos claves de la situación actual:
Crisis Financiera: A finales de 2025, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) Erika Rodríguez admitió un déficit de $300 millones de pesos y un crédito fiscal adicional de $120 millones de pesos. Estos pasivos colocaron en grave riesgo el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores.
Exigencia de Auditoría: Diversos grupos de trabajadores han exigido una auditoría exhaustiva a la administración de la anterior magistrada y presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Berenice Ramírez Jiménez, señalando un presunto mal manejo de los recursos millonarios del organismo y quien llegó al cargo por recomendaciones del consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero, al que ningún tema le sale bien.
Deudas Acumuladas: Informes financieros previos ya indicaban un crecimiento de la deuda pública y pasivos circulantes que superaban los $300 millones de pesos al cierre de ejercicios anteriores.
Corrupción y Destituciones: En el marco de estas irregularidades, el Consejo de la Judicatura ha inhabilitado y vinculado a proceso a varios jueces por actos de corrupción, incluyendo la liberación indebida de implicados en delitos de alto impacto tras presuntos sobornos.
A principios de 2025, en la época de Berenice Ramírez el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, a través de su Visitaduría General, destituyó e inhabilitó a jueces locales por actos de corrupción, incluyendo sobornos millonarios y liberación indebida de implicados en delitos graves.
Entre los casos destacados de inhabilitación y ceses recientes (2024-2025) reportados se encuentran:
Felipe Lucero López: Juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que fue cesado, detenido y vinculado a proceso por corrupción y abuso de autoridad, tras presuntamente recibir un soborno de $70,000 pesos para ordenar un desalojo ilegal.
José Gabriel Ramírez: Juez penal del TSJE señalado por intentar liberar al empresario y exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, implicado en el ataque con ácido contra María Elena Ríos. Este juez fue suspendido y su caso turnado a la Fiscalía Anticorrupción.
Caso de inhabilitación por sobornos (marzo 2025): Milenio informó -en ese entonces- la inhabilitación de dos jueces de Oaxaca (una jueza y un juez), uno por liberar a un implicado en feminicidio y otra por dejar en libertad a un hombre con quien tenía vínculos familiares.
Contexto adicional:
En noviembre de 2017, se reportó la inhabilitación o sanción de 117 jueces y magistrados por diversas irregularidades, caso que incluyó al juez Efraín Cázares López y al magistrado Jorge Figueroa Cacho.
El Poder Judicial de Oaxaca se encuentra en un proceso de reestructuración que incluye la eliminación de 12 magistraturas para el 2027 y la implementación de una reforma judicial.
Pero conozcamos la historia de la debacle judicial
Para entender su origen, la mirada apunta inevitablemente a quien marcó el rumbo de la debacle: la expresidenta del Tribunal y hoy magistrada federal, Berenice Ramírez Jiménez.
Su llegada al puesto, lejos de ser el resultado de una carrera judicial intachable, fue producto de una imposición.
Su gestión comenzó con el apoyo explícito del consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, quien pensó que a través del esposo de Ramírez Jiménez podría gestionar los asuntos de Estado en aquella Suprema Corte de Justicia de la Nación que también integraba la defenestrada ministra Yasmín Esquivel Mossa, la del plagio de tesis.
Pero los sueños guajiros pronto se vinieron abajo.
La frivolidad e ignorancia de la magistrada Berenice Ramírez pronto dieron señales de la mala decisión que se había tomado. En el año y medio que estuvo al frente de la presidencia de dedicó a tomarse fotos, celebrar firmas de convenios a diestra y siniestra y a despilfarrar el dinero del Poder Judicial.
Obviamente ese vacío lo supieron ocupar muy bien su círculo cercano, principalmente su secretaria particular Jessica Betanzos que logró incrustar a un puñado de familiares en la nómina.
Nunca supo ser titular de un Poder del Estado, metió en severos problemas al vilipendiado gobernador, Salomón Jara Cruz como es el caso del sonado caso de la saxofonista María Elena Ríos en donde decidieron de un día a otro cambiarle la medida cautelar a Juan Antonio Vera Carrizal con el objetivo de continuar su proceso en libertad, decisión que horas después al encontrarse bajo el escarnio público, mediante un invento jurídico sacado de la manga, instruyó a un juez diverso que revocara la determinación de su homólogo, el cual incluso fue suspendido.
Exhibiendo su ignorancia y falta de cuidado. O cuando hizo el pago incompleto de las prestaciones de diciembre del 2024, error que la deslegitimó e inició su ruina, tema que en este espacio publicamos.
Superada en su jerarquía, los vacíos de poder fueron aprovechados por su secretaria Particular, Jessica Betanzos, y el secretario ejecutivo, Luis Raúl Hernández, quienes asumieron un poder desmedido, ejerciendo presión sobre los operadores jurídicos y emitiendo instrucciones contradictorias.
Esta situación generó un ambiente de discrecionalidad que propició el aumento de la corrupción dentro de la institución.
Pero lo más alarmante fue la corrupción en su período. Dejando al Poder Judicial con una deuda que asciende a los $300 millones de pesos, llevando a la institución a la quiebra financiera. A efecto de dimensionar este desfalco: sus antecesores le dejaron un déficit cercano a los $72 millones de pesos, ella en solo 18 meses la elevó a más de $300 millones de pesos.
En resumen, la gestión de la magistrada Berenice Ramírez, es uno de los fiascos que pesan sobre Geovany Vásquez Sagrero. Para los conocedores de los ánimos del gobernador solitario de Palacio, sus malas asesorías y casos como éste, lo han relegado y perdido la confianza de su jefe Jara Cruz que hoy lo tiene con la renuncia en el escritorio.
El pacto de silencio
Ante semejante herencia de dispendio, nepotismo y frivolidad, se esperaba que en esta nueva etapa del Poder Judicial viniera la limpia, las sanciones y fincar responsabilidades.
Sin embargo, la sorpresa mayúscula ha sido la actitud de la ahora titular, la magistrada Erika Rodríguez, quien lejos de encabezar la reingeniería prometida y tal alardeada, no ha hecho nada, ha actuado con omisión sistemática: no ha realizado las auditorías que se esperaban ni ha dicho una sola palabra al respecto.
Una omisión criminal.
En lugar de llegar a cambiar el rumbo y sanear la casa, prefirió ocultar lo que tenía en sus manos, hacer caso omiso de los señalamientos y enterrar las evidencias que podrían esclarecer el déficit de los $300 millones de pesos.
En opinión de especialistas con quienes platicamos, su estrategia es tan evidente como perniciosa: trata de actuar desde cero, como si se pudiera construir un Poder Judicial sólido sobre los cimientos podridos que dejó la gestión anterior.
Se le olvida que ejercer la presidencia del Poder Judicial no es fingir que el pasado no existe. No es fingir demencia, es ejercer esa responsabilidad que implica enfrentar las ruinas, auditar cada peso desaparecido y llamar a cuentas a quienes vaciaron las arcas.
Nepotismo en el Poder Judicial
Si hay algo que ha quedado claro es la omisión y complacencia de la Magistrada Erika Rodríguez respecto a casos escandalosos de nepotismo al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Un claro ejemplo es el magistrado Javier García quien tiene a su pareja sentimental dentro de su propia ponencia, también Uriel Hernández Pérez, quien sin recato alguno lo exhibe y lo acompaña a todas las actividades oficiales en las que él participa.
Lo alarmante del caso es que la presidenta le toleró varias al magistrado Javier García, la primera fue cuando se le grabó a este magistrado sobornando a una de las partes en un juicio que él conocía (audio ampliamente difundido en las redes y del que esta columnista resguarda una copia).
Lo que no le toleró la presidenta fue la indisciplina, porque este magistrado osó criticar a la magistrada presidenta en una publicación de las redes sociales del Tribunal señalándola de solapar la corrupción. Ese atrevimiento le costó que no presidiera la sala que integra y tenerlo marginado.
¡Plop!
Por cierto, la magistrada Margarita Gopar actualmente es la presidenta de la Sala Indígena y Quinta Sala Penal, quien llegó ahí por el apoyo de su mentor y amigo personal, el consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, quien se dio a la tarea de quitar del camino al recién jubilado Enrique Cordero Aguilar.
Sin embargo, la magistrada Margarita Gopar en más de dos años al frente de esa sala no ha dictado sentencia alguna en materia indígena ¿Cómo es posible que una persona sin experiencia en la materia y que nunca ha resuelto un caso presida ahora una sala de esta relevancia?, esa es la gente que respalda el “brillante” consejero jurídico, por eso están de cabeza.
Aquella sala que fue modelo en México y en Latinoamérica por su carácter inclusivo y de vanguardia jurídica, hoy está en manos inexpertas como resultado de los caprichos y cuotas políticas de un solo personaje, Vásquez Sagrero, hoy en el banquillo de los acusados, cayendo en los mismos errores del pasado que ellos mismos prometieron combatir.
Así la crisis y la desfachatez de estos magistrados que ni con la paliza y el contundente mensaje del resultado de las elecciones de la revocación de mandato ha cabido la prudencia en estos dos juzgadores regalándole más escándalos al gobierno de Jara Cruz del cual emanan.
Pero el talante presidencial no queda ahí, a la jueza Adriana Arango, quien, pese a su conocida amistad con la presidenta Erika Rodríguez, cometió una indisciplina mayúscula al saltarse la jerarquía institucional y acudir directamente a ver al gobernador, Salomón Jara confiada en que su cercanía la blindaría.
Lejos de privilegiar la amistad, la magistrada Erika Rodríguez le cobró factura y, sin contemplaciones, la sacó de la Sala Familiar para enviarla a un juzgado de menor jerarquía, demostrando, en ese momento, carácter para comandar el Poder Judicial.
Así con esa determinación, Erika Rodríguez también debería actuar en contra de quienes desfalcaron al Poder Judicial y endeudaron con más de $300 millones de pesos, pero parece que terminarán perdonando todo el dinero hurtado, aunque a la justicia se la cargue el payaso.
El silencio y la omisión también son complicidades.
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