Voces de 30 entidades del país y 92 organizaciones que piden cese a la simulación y una real política pública para atender y prevenir la violencia contra las mujeres
La Relatora de la ONU Reem Alsalem se lleva más de 50 testimonios, demandas y propuestas para avanzar en el fin de la violencia contra las mujeres
Sara Lovera / SEMMÉXICO
En México, los responsables de enfrentar la violencia contra las mujeres ni previenen ni garantizan una justicia pronta y expedita; la impunidad en delitos de violencia familiar, sexual y física es del 90 por ciento, una carga que sigue pesando sobre las mujeres a causa del patriarcado, afirmó la periodista Soledad Jarquín Edgar, quien desde hace más de siete años reclama justicia por el feminicidio de su hija María del Sol Cruz Jarquín.
Ella y otras 30 mujeres dialogaron en el auditorio Heberto Castillo de la Cámara de Diputados durante más de cuatro horas con la relatora de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, la jordana Reem Alsalem, en un encuentro convocado por Kenia López Rabadán y Patricia Olamendi. Las voces denunciaron que existe una simulación generalizada: no hay justicia, atención, prevención ni coordinación efectiva para atender las crisis regionales de violencia.
Beatriz Cosío, en representación de las feministas abolicionistas, señaló que la frontera de la democracia está en la eliminación de la explotación sexual, rechazando los discursos que avalan la reproducción subrogada y la prostitución como trabajo. Por su parte, Jarquín Edgar recordó que, aunque la legislación es robusta, la impunidad en feminicidios alcanza el 56 por ciento, mientras que representantes de 12 entidades advirtieron que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres ha sido desmantelada.
El encuentro abordó temas críticos como la violencia vicaria, digital, trata, tortura sexual y los intentos de feminicidio. Soledad Jarquín relató el caso de su hija, asesinada en 2018 en Juchitán, Oaxaca, y demandó una ley nacional para tipificar el feminicidio y un presupuesto real, criticando las campañas institucionales por ser “flor de un día” y carecer de profundidad.
Alma Oceguera recordó que, tras un cuarto de siglo de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, no ha existido una estrategia masiva para concienciar sobre la discriminación. Las organizaciones denunciaron que los cambios administrativos recientes frenaron la acción de los centros de justicia, los cuales se desdibujaron al pasar a la nueva Secretaría de las Mujeres, donde se ha cerrado el diálogo.
Carolina Ramírez Suárez, directora de Sobrevivientes de Feminicidio en México A.C., presentó una lista de agravios en las tentativas de feminicidio, destacando la obstaculización de la justicia y la ausencia de reparación integral del daño. Señaló que en el 100 por ciento de estos casos, las afectaciones económicas obstaculizan el acceso a la justicia y aumentan la precarización de las víctimas y sus hijos.
Al finalizar, la Relatora Especial ofreció revisar cada documento y propuesta, comprometiéndose a buscar a las autoridades mexicanas para revisar sus compromisos internacionales, a pesar de que esta fue una visita no oficial en la que no hubo espacio inicial para el diálogo con el gobierno.
