Víctimas y ex-presos políticos del conflicto social de 2006 y 2007 en Oaxaca tomaron las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en el Paseo Juárez “El Llano”, para denunciar el abandono institucional y el incumplimiento de sentencias legales por parte de los tres niveles de gobierno.
Los manifestantes señalaron directamente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y a la Secretaría de Honestidad del gobierno de Salomón Jara por desacatar mandatos de amparo que buscan garantizar la reparación del daño a quienes sufrieron tortura y detenciones arbitrarias.
De acuerdo con los voceros del movimiento, se ha agotado la vía institucional y los cauces legales sin obtener respuestas concretas, lo que ha derivado en una denegación de justicia.
Ante este escenario, explicaron que la toma del espacio público y de los edificios federales es la única alternativa para exigir la promulgación de un Plan de Justicia.
Este decreto permitiría activar medidas de asistencia médica, psicológica y una reparación integral para aquellos que fueron trasladados en aeronaves de la Fuerza Aérea hacia penales federales durante el conflicto magisterial-popular.
La protesta también reclamó el cumplimiento de acuerdos firmados con la Secretaría de Gobernación desde marzo de 2020, los cuales permanecen congelados a pesar de la existencia de resoluciones judiciales a favor de las víctimas.
Los inconformes recordaron que, aunque la recomendación 15/2007 de la CNDH documenta un número indeterminado de afectados, el grupo actual representa a quienes han decidido judicializar sus casos y han ganado batallas legales que hoy las autoridades se niegan a ejecutar.
Finalmente, los manifestantes advirtieron que la falta de acercamiento y diálogo por parte del Gobierno Federal y del Estado de Oaxaca obligará a una radicalización de sus acciones.
En este sentido, anunciaron que se sumarán a la jornada de lucha de 72 horas programada por la Sección 22 para el mes de marzo.
La movilización no cesará, aseguraron, hasta que se haga efectiva la atención a las víctimas directas e indirectas de la represión vivida hace casi dos décadas.
