El Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles 11 de febrero de 2026 la reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reduce la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales. El dictamen, enviado a la Cámara de Diputados para su revisión y posible aprobación, obtuvo 103 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones, con amplio respaldo de la coalición gobernante (Morena, PT y PVEM) y apoyo parcial de oposición.
La reforma modifica el apartado A del artículo 123 para establecer que la duración máxima de la jornada será de ocho horas diarias y 40 semanales, sin reducción salarial ni de prestaciones. La iniciativa, impulsada desde 2022 y retomada en la actual legislatura, busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, reducir el estrés laboral y aumentar la productividad, alineándose con estándares internacionales de la OIT. El dictamen mantiene la gradualidad propuesta por la Secretaría del Trabajo: dos horas menos por año a partir de 2027 hasta llegar a 40 horas en 2030.
Durante la discusión, senadores de Morena y aliados destacaron que la medida responde a una demanda histórica de la clase trabajadora y fortalece derechos laborales sin perjudicar la competitividad empresarial. Opositores (PAN, PRI y MC) cuestionaron la implementación gradual, el impacto en micro y pequeñas empresas y la falta de incentivos fiscales para el sector privado, aunque varios se pronunciaron a favor en términos generales. El senador Ricardo Monreal (Morena) defendió el dictamen como ‘un paso hacia la justicia laboral’ en el marco de la 4T.
El dictamen fue turnado inmediatamente a la Cámara de Diputados, donde se espera su análisis en comisiones y posible aprobación en los próximos días o semanas, para luego regresar al Senado si hay modificaciones. De aprobarse en ambas cámaras, pasará al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. La reforma constitucional requiere ratificación por al menos 17 congresos estatales.
La aprobación en el Senado representa un avance significativo en la agenda laboral del gobierno federal, en un contexto de revisión del T-MEC y presiones internacionales por derechos laborales. Sindicatos y organizaciones obreras celebraron el paso, mientras cámaras empresariales pidieron diálogo para mitigar impactos económicos.
