Trabajadores de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca denunciaron presuntas irregularidades administrativas relacionadas con Rosa María Saavedra Guzmán, quien ocupa el cargo de tesorera, pero que —según personal de la propia dependencia— no acude de manera regular a su lugar de trabajo, a pesar de seguir cobrando su salario completo.
Empleados que se han manifestado señalaron que en múltiples ocasiones han intentado localizarla en la Secretaría, pero la respuesta es siempre la misma: “está en reuniones”.
No obstante, aseguran que su ausencia es constante y que no atiende directamente las funciones propias de su cargo, lo que ha generado inconformidad entre el personal que sí cumple con horarios y obligaciones laborales.
De manera paralela, los denunciantes afirman que Saavedra Guzmán opera activamente la Dirección General de Tecnologías e Innovación y brinda asesoría a distintos organismos públicos descentralizados, además de mantener diversas actividades externas.
Entre las dependencias que presuntamente asesora se encuentran Monte de Piedad, la Beneficencia Pública y el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPA).
Asimismo, señalan que ofrece asesoría contable a varios municipios, situación que —aseguran— ha generado una red de favores y compromisos políticos, mientras continúa cobrando como tesorera de la Secretaría de Finanzas sin desempeñar plenamente ese encargo.
Los inconformes consideran que esta situación no sería casual, ya que Rosa María Saavedra mantiene una relación cercana y de amistad con la actual presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), lo que —afirman— podría explicar la falta de consecuencias administrativas.
Esta posible duplicidad de funciones y el pago simultáneo de sueldos con recursos públicos han provocado malestar entre trabajadores de la dependencia, quienes cuestionan cómo una funcionaria puede conservar un cargo estratégico sin estar presente, mientras otros empleados enfrentan controles estrictos y sanciones.
De confirmarse los hechos, advierten que podrían configurarse faltas graves en materia de responsabilidades administrativas, así como un posible uso indebido de recursos públicos, al pagarse salarios por funciones que no se estarían realizando de forma efectiva.
