La crisis institucional en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) se agudiza tras las graves acusaciones presentadas por exfuncionarios contra la directora general, Angélica García Pérez.
Las denuncias, que ya han escalado al ámbito legal, señalan una presunta red de corrupción administrativa dedicada a la falsificación de firmas y huellas dactilares con el objetivo de simular renuncias voluntarias y evadir el pago de liquidaciones y finiquitos de ley.
Uno de los testimonios más contundentes es el de Juan Carlos Chávez, exdirector del Plantel 39 Nazareno, quien sostiene que su salida de la institución fue fabricada mediante documentos apócrifos.
El profesionista denunció públicamente que sus rasgos caligráficos y huellas digitales fueron utilizados sin su consentimiento para validar una supuesta separación voluntaria del cargo.
Ante estos hechos, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que actúe con imparcialidad y no encubra delitos que calificó de orden federal y estatal.
El exdirectivo del Plantel 39 reveló que detrás de esta maniobra existe un trasfondo económico considerable, pues afirma que la institución intenta eludir un finiquito que asciende a cerca de 12 millones de pesos.
Además, acusó a la directora general de utilizar la estructura de comunicación oficial del Cobao para denostar a quienes reclaman sus derechos. En un reto directo a la administración, el afectado desmintió que se le haya realizado pago alguno, exigiendo que se muestren las transferencias o depósitos bancarios que avalen la versión oficial de la dependencia.
A esta ola de señalamientos se sumó Jorge Benítez, también exdirector de la institución, quien reportó un adeudo por concepto de finiquito que se arrastra desde el año 2023. Benítez señaló directamente a la coordinadora jurídica, Carmela Díaz, de falsear declaraciones y de operar bajo la consigna de “romper la norma” con tal de no cumplir con las obligaciones patronales.
El afectado subrayó que esta situación no responde a intereses políticos, sino a un incumplimiento sistemático de derechos laborales plenamente reglamentados por los cuales el Cobao se estaría “burlando de la ley”.
En respuesta a estas acusaciones, la Dirección General del Cobao emitió un comunicado en el que sostiene que la salida de Juan Carlos Chávez fue efectivamente una renuncia voluntaria.
La institución asegura que se han cubierto todas las prestaciones correspondientes a su cargo y antigüedad, rechazando las versiones de irregularidades en el proceso de separación.
Sin embargo, estos nuevos escándalos laborales se entrelazan con las quejas previas sobre el cobro indebido de libros de inglés, configurando un escenario de opacidad administrativa.
Los denunciantes sostienen que la actual gestión ha intentado adjudicarse programas de gratuidad que ya existían previamente, mientras opera de manera contradictoria en el manejo de los recursos humanos y financieros del subsistema educativo más grande de la entidad.
