Documentos que permanecieron ocultos en los cajones de la impunidad durante todo un año han salido a la luz al revelar que las Casas Hogar del DIF Oaxaca operaron bajo una lógica de explotación laboral infantil, lo que contradice los comunicados oficiales que celebran la protección de la infancia.
Las denuncias, presentadas desde enero de 2025 y recibidas por varias instituciones de justicia y hasta la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, describen una estructura donde la vulnerabilidad de los niños fue la materia prima para alimentar las finanzas personales de diversos funcionarios.
La denuncia, que incluye a Jadiel López Coheto, actual jefe de Recursos Humanos del DIF estatal, refiere que los trabajadores lo señalan como propietario de la cafetería “Espacio Luvina”, un establecimiento donde presuntamente se empleaba a menores bajo custodia del Estado en condiciones precarias.
Este uso de los tutelados del sistema para beneficio de una empresa particular de un mando directivo representa, según los denunciantes, no solo una violación a la ética pública, sino un delito de explotación infantil ejecutado desde el corazón administrativo de la institución.
Una despensa pública desviada al Parque Primavera
La administración de los albergues, encabezada por Cristina Ramírez Vargas, Karina Guadalupe Pineda y Luz Gabriela González Pérez, es acusada de instaurar un sistema de economía informal. Los menores eran obligados a preparar y vender alimentos, como tacos y aguas frescas, en los módulos del “Parque Primavera” y “Pilares”.
Lo más grave es que los insumos provenían de los almacenes destinados a la dieta de los niños residentes; víveres públicos que nunca fueron restituidos, mientras familiares de las funcionarias eran los encargados de recolectar las ganancias de dichas ventas.
El castigo del silencio y la Cámara de Gesell
El control interno se mantenía mediante el terror psicológico y el castigo físico. Luz Gabriela González Pérez, quien ya cuenta con una investigación en la Fiscalía Anticorrupción (283(FEMCCO)2024), es señalada por amedrentar a los niños con frases de abandono emocional y por utilizar la Cámara de Gesell como un calabozo improvisado.
Lejos de su función como herramienta pericial, este espacio se habría convertido en el lugar de encierro para los menores que se resistían a las extenuantes jornadas de trabajo forzado.
La red de explotación se extendió incluso a negocios externos. Menores de edad fueron enviados a trabajar en los restaurantes Casablanca y Ramen House, propiedad del pastor Jorge Silva, en un esquema que los trabajadores califican como “outsourcing de menores”.
Esta alianza no solo implicaba jornadas laborales sin remuneración, sino también una violación al Estado laico, permitiendo actividades proselitistas dentro de los albergues bajo la protección de la Coordinación General, mientras se negaba a los niños el acceso a ropa interior y artículos de higiene básica por una supuesta falta de presupuesto.
Hoy, el Sistema DIF Oaxaca se encuentra paralizado por un personal de base que se niega a seguir siendo cómplice del silencio. El pliego de exigencias recae en el cese inmediato de Jadiel López Coheto, Cristina Ramírez Vargas y las jefas de departamento implicadas.
Ante esta situación, exigen al gobernador Salomón Jara Cruz y a la presidenta honoraria del DIF estatal, Irma Bolaños Quijano, leer las denuncias entregadas a sus oficinas con fecha del 14 de marzo de 2025 a las 13 horas con 41 minutos.
