Familiares de la víctima y activistas del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) pidieron este día la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar con el paradero de un ingeniero civil de 26 años, originario de la ciudad de Tlaxiaco, quien fue desaparecido por un grupo armado la mañana del 23 de enero de 2026 en la carretera Villa Unión-Durango, en La Concordia, Sinaloa.
Junto con el profesionista oaxaqueño, identificado como Pablo Osorio Sánchez, fueron levantadas y desaparecidas 13 personas más, identificadas, todas, como trabajadores y residentes de las empresas CICAR S.A. de C.V., con sede en Puebla, y la empresa minera canadiense VIZSLA SILVER CORP.
Tanto los allegados de Pablo Osorio Sánchez como los activistas y defensores jurídicos que dan seguimiento al caso pidieron la ayuda internacional tras acusar a personal de la Vicefiscalía de Justicia de Tlaxiaco de negarse a comenzar una investigación por la desaparición del profesionista oaxaqueño.
El Cedhapi explicó esta tarde que el ingeniero civil oaxaqueño es egresado del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco y esta institución, como parte de su culminación de la carrera, lo envió a realizar su residencia en la empresa CICAR S.A. de C.V. con sede en Puebla.
CICAR S.A. de C.V., a su vez, como parte de sus actividades, lo envió a trabajar en junio de 2025 al municipio de La Concordia, Sinaloa, a 40 minutos de Mazatlán, como supervisor de túneles del kilómetro 161 al kilómetro 188 de la autopista a Durango.
En una carta firmada, también, por Socorro Osorio Sánchez, madre de la víctima, y Jorge Jiménez Osorio, hermano de Pablo, el Cedhapi precisó que “el día 23 de enero del 2026, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, fue desaparecido el ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez de 26 años de edad, originario de la ciudad de Tlaxiaco, en el momento que se encontraba en la parada de camiones ubicada en la carretera Villa Unión-Durango, La Concordia, Sinaloa.
“Simultáneamente, 13 personas más fueron desaparecidas en el municipio de La Concordia, estado de Sinaloa y que trabajan en las empresas CICAR S.A. de C.V. y la empresa minera canadiense VIZSLA SILVER CORP”.
La organización acusó que los familiares de Pablo Osorio Sánchez han sido objeto de malos tratos y negligencia institucional, pues desde el momento en que se tuvo conocimiento de su desaparición, “acudieron a la Fiscalía de Tlaxiaco, Oaxaca, donde el personal en turno se negó a recibir la denuncia, obligándolos a esperar más de 24 horas para ser atendidos”.
En ese sentido, el Centro de Derechos Humanos recordó que “conforme a la legislación mexicana y a los estándares internacionales, toda fiscalía en la república está obligada a recibir de inmediato las denuncias por desaparición forzada, sin excusas ni dilaciones.
“Asimismo, denunciamos que en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca son recurrentes los actos de revictimización y maltrato hacia familiares de personas desaparecidas, lo que constituye una violación sistemática al derecho de acceso a la justicia”, afirmó.
Los asesores jurídicos informaron que, ante ello, han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de garantizar la protección de la vida e integridad personal de Pablo Osorio Sánchez y de las demás personas desaparecidas.
Asimismo, una Acción Urgente al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) para que el Estado mexicano cumpla con su obligación internacional de búsqueda inmediata y efectiva, así como de protección integral a las víctimas y sus familias.
Al margen de lo anterior, la familia de Pablo Osorio Sánchez y el Cedhapi demandaron a las autoridades federales y estatales una investigación inmediata, exhaustiva y efectiva por la desaparición de Pablo Osorio Sánchez y de las 13 personas desaparecidas en La Concordia, Sinaloa, así como su localización con vida.
Asimismo, que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerza su facultad de atracción y asuma la investigación, garantizando imparcialidad, eficacia y respeto a los derechos humanos.
