Organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos denunciaron una escalada de hostigamiento, vigilancia y amenazas de muerte contra Carlos Beas y los integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
El colectivo señaló que, en menos de una semana, se han registrado incidentes graves que ponen en riesgo la integridad del defensor, incluyendo ráfagas de armas automáticas cerca de su domicilio en Santa María Petapa, la presencia de sujetos armados merodeando su vivienda y la irrupción de falsos agentes federales en las oficinas de la organización.
El contexto de estos ataques se enmarca en la defensa del territorio frente a las obras del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).
Según el comunicado, la presión contra UCIZONI se intensificó tras el descarrilamiento del tren ocurrido el pasado 28 de diciembre y el reciente acuerdo en el que instancias federales se desistieron de denuncias penales contra 14 campesinos ayuujk.
Las organizaciones firmantes consideran que estos actos de intimidación buscan desmovilizar la lucha legítima de las comunidades indígenas ante la creciente presencia de prensa nacional e internacional en la región.
Ante la gravedad de los hechos, las organizaciones exigieron al Gobierno del Estado de Oaxaca y al Gobierno Federal la implementación inmediata de medidas de protección eficaces y una investigación seria sobre los responsables de los disparos y la vigilancia ilegal.
Asimismo, subrayaron que la omisión estatal ante estas amenazas los hace directamente responsables de cualquier agresión futura. Entre los firmantes destacan grupos como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y la Colectiva Tëkaampë Ayuuk Toxëjk, quienes reiteraron que defender los derechos humanos en el Istmo de Tehuantepec no debe seguir siendo una actividad de alto riesgo.
