El movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) inició el ciclo escolar 2026 con una denuncia contra lo que consideran una “privatización encubierta” de la educación superior.
A través de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM), los universitarios señalaron que el presupuesto federal asignado para este ejercicio fiscal, que asciende a más de mil 287 millones de pesos para la máxima casa de estudios, representa en realidad un estancamiento financiero.
Al contrastarlo con las cifras de 2025, advierten que el incremento real sería de apenas un 0.98%, lo cual se traduce en un recorte frente a la inflación y las crecientes necesidades de la institución.
Añaden la falta de compromiso del Gobierno del Estado, pues los datos revelan que en el año anterior la aportación estatal apenas alcanzó el 12.57% del total recibido por la federación.
Según los manifestantes, tanto la administración estatal de la “Primavera Oaxaqueña” como el gobierno federal de la “Cuarta Transformación” han incumplido con la responsabilidad constitucional de financiar plenamente la educación superior, obligando a la universidad a recurrir a la autofinanciación mediante cuotas de inscripción y reinscripción que excluyen a los hijos de la clase trabajadora.
Ante este panorama, el movimiento ha fortalecido su estrategia jurídica mediante juicios de amparo para exigir el cumplimiento del artículo 3º constitucional.
Durante 2025, esta ruta legal logró que la justicia federal protegiera a 16 estudiantes de diversas facultades, como Gastronomía, Enfermería, Veterinaria y Contaduría, ordenando a la UABJO dejar de cobrar montos que sumaban más de 336 mil pesos.
Estas resoluciones son presentadas por la organización como una prueba de que la gratuidad no es solo una consigna política, sino una obligación legal que las autoridades universitarias intentan ignorar deliberadamente.
Finalmente, el conflicto se agudiza ante el inminente cambio de rectoría programado para este 2026. Los estudiantes han lanzado una advertencia a quienes aspiran al cargo, señalando que la legitimidad de la nueva gestión dependerá de su disposición para eliminar las cuotas obligatorias y democratizar la vida universitaria.
Con consignas que exigen el aumento presupuestal sustancial y la expulsión de grupos de choque de los planteles, la UJRM convocó a la comunidad estudiantil a organizarse en amparos colectivos para defender el derecho humano a una educación pública, gratuita y al servicio del pueblo.
