La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) acusó irregularidades en el proceso de revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y lo calificó de procedimiento “viciado y manipulado” desde su origen. La diputada oaxaqueña, ante ello, demandó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), así como al Tribunal Estatal Electoral, “actuar conforme a derecho en este ejercicio”.
Recordó que Oaxaca será el primer estado en llevar a cabo un ejercicio de este tipo, en el que se consultará a la ciudadanía sobre la conclusión anticipada del mandato del titular del Ejecutivo estatal. Luego, afirmó que el proceso ha estado marcado por anomalías desde la recolección de firmas. “Primero, en la búsqueda de las firmas para la revocación de mandato, se presentaron más de 700 mil firmas que de la nada llegaron. En menos de un mes ya estaban las firmas. Se sabe que todo el aparato gubernamental lo buscó y no hubo consecuencias”.
Indicó que posteriormente el Instituto Estatal Electoral (INE) validó 518 mil firmas, cifra que supera el mínimo legal, pero “se adelantó el proceso sin permitir que la ciudadanía, de forma organizada y orgánica, recolectara estas firmas. “La difusión que se observa en el Estado de Oaxaca es tendenciosa. Hacia un lado de la pregunta que viene en la boleta… Se supone que en los lineamientos dice que ninguna otra persona física o moral sea a título propio por cuenta de terceros podrá contratar propaganda. ¿Quién está pagando esos espectaculares? ¿Quién los está pagando? ¿De dónde está saliendo el dinero? ¿Por qué el Instituto Estatal Electoral lo está permitiendo?”.
Señaló prácticas de condicionamiento del voto y de programas sociales en comunidades del estado. “En mi propia comunidad yo lo vi, en mi municipio yo escuché cuando se estaba voceando que fueran a entregar su credencial de elector y también estaban condicionando para que se afiliaran a Morena”, estas acciones son “prácticas viejas del priismo rancio”. La legisladora llamó a la ciudadanía a participar libremente en el ejercicio y a no entregar su credencial de elector, y “que no estén condicionando su participación […] los programas sociales ya están legislados aquí, están en la Constitución, son un derecho humano. No tengan miedo a que se los va a quitar el gobierno del estado”.
