Con el objetivo de poner fin a los “focos de infección” que representan los depósitos de basura sin control, la diputada Patricia Galindo Alarcón impulsa una reforma al artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. La iniciativa busca transitar de la simple acumulación de desechos hacia un modelo de infraestructura que cumpla estrictamente con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
La legisladora advierte que los tiraderos a cielo abierto se han convertido en la salida inmediata para municipios con presupuestos limitados. Sin embargo, las cifras revelan una crisis ambiental de gran escala: México genera diariamente más de 102,895 toneladas de residuos; solo el 78.5% llega a sitios que cumplen con la normativa, mientras el resto termina en tiraderos clandestinos.
La propuesta legislativa introduce mandatos claros: las entidades federativas y municipios deberán diseñar calendarios de clausura y remediación. No basta con cerrar el tiradero; se debe asegurar la creación de infraestructura moderna de disposición final.
Se dará urgencia a aquellos sitios que amenacen cuerpos de agua, suelos fértiles o la salud de comunidades cercanas. La diputada Galindo subraya que la falta de un mandato expreso ha permitido que los tiraderos se reproduzcan, violando el derecho humano a un medio ambiente sano consagrado en el Artículo 4º Constitucional.
De aprobarse, la iniciativa proyecta una reducción drástica de riesgos sanitarios por fauna nociva y lixiviados, así como la mitigación climática mediante el control de emisiones de gas metano. Esta reforma pretende obligar a las autoridades a ver la gestión de residuos como una inversión obligatoria en la salud y el patrimonio ambiental.










