Una crisis de seguridad y opacidad administrativa sacude nuevamente a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO). Mientras el presupuesto destinado a la vigilancia de hospitales se disparó de 15.9 a 27.5 millones de pesos en apenas unos meses, en la realidad operativa, las clínicas enfrentan un abandono que pone en riesgo tanto al personal médico como a los pacientes.
A través de un oficio dirigido a Mitzi Dayli García Díaz, Jefa de la Unidad de Recursos Materiales de los SSO, la directora de la Clínica de la Mujer, la médico Cristina Sabina Luna Martínez, denunció formalmente que la empresa privada SERPROSEP ha incumplido sistemáticamente con el servicio contratado desde el pasado 15 de diciembre de 2025.
La misiva detalla que la clínica no cuenta con la plantilla completa de guardias y, lo más alarmante, reporta que el personal enviado por la empresa presenta conductas de riesgo. “El último elemento que trajeron, al parecer, tiene problemas de adicciones, lo cual fue reportado por el mismo personal de guardia”, señala el documento, subrayando además que no existe un contacto directo con la empresa debido a la rotación excesiva de supervisores.
Esta situación es consecuencia de un cambio de estrategia que ha generado controversia y desempleo. A inicios de 2026, el Gobierno del Estado decidió retirar a la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) —quienes mantenían un despliegue de 460 elementos en hospitales— para otorgar el control de la seguridad a la empresa privada foránea SERPROSEP.
Esta transición no solo dejó a decenas de policías auxiliares sin empleo, sino que ha sido señalada por la presunta existencia de “servicios fantasma”. A pesar de que el costo del contrato aumentó casi el doble (un incremento de 11.6 millones de pesos), las quejas por turnos inexistentes y falta de compromiso de la empresa son constantes en diversas unidades médicas del estado.
Ante el evidente deterioro de la seguridad en los hospitales y el incremento injustificado en el costo del servicio, diversos sectores han comenzado a exigir una auditoría integral y transparencia inmediata en los procesos de licitación.
