La delegación de la Secretaría de Bienestar en el estado de Oaxaca que encabeza, Nancy Ortíz Cabrera, enfrenta acusaciones de autoritarismo y violencia institucional tras la denuncia pública de Ethel Arrona, ex-servidora de la nación en Ciudad Ixtepec.
La afectada señala que su separación del cargo, ocurrida el 5 de mayo de 2025, no obedeció a un bajo rendimiento o falta administrativa, sino a una orden directa de la delegada estatal.
El motivo del cese fue una reacción de “like” en una red social hacia un actor político considerado opositor a la titular de la dependencia.
De acuerdo con el testimonio, la baja fue ejecutada bajo el calificativo de “traición”, violentando el derecho constitucional a la libertad de expresión de la trabajadora.
Ante la resistencia de Ethel Arrona a firmar una renuncia voluntaria, la institución habría simulado un acta de abandono de empleo, figura legal utilizada presuntamente para evadir las responsabilidades patronales y el pago de las prestaciones de ley.
Esta práctica ha sido calificada por la denunciante como un abuso de poder que contradice los principios de transparencia y justicia social del actual gobierno.
La situación se agrava ante la falta de pago de aguinaldos y finiquitos, pues la dependencia pretende obligar a los ex-trabajadores a trasladarse a la Ciudad de Oaxaca para realizar trámites burocráticos discrecionales.
La denunciante manifestó su rotunda negativa a firmar nuevos documentos, alertando sobre la posible falsificación de firmas en la delegación, una irregularidad que afirma ha ocurrido con otros compañeros despedidos en circunstancias similares.
La mujer sostiene que los derechos laborales no deben estar condicionados a traslados forzados ni a la voluntad de los funcionarios.
Finalmente, la afectada hizo un llamado a la opinión pública para visibilizar lo que considera una traición a los valores de la Cuarta Transformación. Tras agotar las vías internas de denuncia y presentar los oficios correspondientes en las oficinas centrales de la Ciudad de México, enfatizó que el uso del aparato estatal para venganzas personales desvirtúa el propósito de los programas sociales.
