Mientras los discursos oficiales resaltan una paz social en la entidad, en las entrañas de la Mixteca Alta la realidad se escribe con pólvora y cenizas. La comunidad indígena de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, enfrenta una crisis humanitaria que el Estado se ha negado a ver: un desplazamiento forzado que ha dejado a familias enteras sin hogar y bajo el terror constante de ráfagas de fusil.
La tragedia estalló el 18 de agosto de 2025. Lo que comenzó como una incursión violenta por parte de pobladores de Santa María Yolotepec se convirtió en una campaña de destrucción sistemática. Durante dos meses y medio, el fuego fue la herramienta de expulsión: 29 viviendas fueron reducidas a escombros, vehículos fueron calcinados y el patrimonio de vida de los comuneros —animales y siembras— fue destruido intencionalmente para asfixiar su supervivencia.
A meses del ataque inicial, la violencia no ha cesado; por el contrario, ha evolucionado hacia un asedio militarizado. Los desplazados denunciaron frente a Palacio de Gobierno que las detonaciones de armas de fuego de alto calibre, de uso exclusivo del Ejército Mexicano, son constantes. El estruendo de los disparos marca el ritmo del día y la noche, manteniendo a la población en un estado de sitio permanente.
A pesar de las constantes súplicas de auxilio y las denuncias formales presentadas por las víctimas, la respuesta gubernamental ha sido nula. Hasta la fecha, ninguna fuerza de seguridad o autoridad civil ha intervenido para disuadir las agresiones o garantizar el retorno seguro de las familias a sus tierras.
El conflicto entre Buenavista y Santa María Yolotepec no es un hecho aislado. La región de Tlaxiaco ha sido históricamente escenario de disputas agrarias que, ante la falta de una mediación gubernamental efectiva y soluciones jurídicas de fondo, suelen derivar en violencia armada.
