Integrantes de la familia López Cruz denunciaron que, a diez meses de una violenta e injustificada irrupción en su domicilio por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), no existe un solo responsable castigado, ni se han restablecido los daños materiales causados durante el operativo.
En conferencia de prensa, los afectados señalaron directamente la responsabilidad de la Fiscalía y del Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, acusándolos de permitir el uso de las instituciones para la persecución política y la fabricación de delitos contra voces críticas.
Los hechos se remontan a hace diez meses en el domicilio ubicado en la calle Prolongación de Galeana 913. Según el testimonio de los familiares, agentes estatales pretendieron detener de forma arbitraria a un familiar que ejerce el periodismo profesional.
La irrupción se realizó sin orden de aprehensión ni de cateo, resultando en agresiones físicas contra padres, hermanos y el propio comunicador.
“De no haber sido por esa grabación en vivo que se volvió viral, hoy estaríamos cargando con un cúmulo de acusaciones falsas”, declararon, señalando que la propia Fiscalía intentó borrar la evidencia digital del actuar policial.
Además de las agresiones, denunciaron que los elementos actuaron como “viles delincuentes”, llevándose dinero, alhajas y el equipo de grabación (DVR) para eliminar pruebas.
Aunque las autoridades se comprometieron a restablecer los daños materiales, hasta el día de hoy el compromiso ha sido incumplido.
La familia denunció que recientemente ha circulado en redes sociales información que vincula al médico Fernando David López Cruz con células delictivas, lo cual calificaron como una campaña de desprestigio y una “perversidad política” ante la falta de argumentos reales de las autoridades.
“Estamos abiertos a cualquier investigación. Nuestras actividades son lícitas: somos profesionales, empleados de gobierno y universitarios con trayectoria sindical”, afirmaron, al tiempo que se deslindaron de cualquier actividad ajena a los presentes, hablando estrictamente a nombre propio y de sus familias nucleares.
La denuncia también alcanza la gestión municipal y estatal en el polígono comercial más importante de la ciudad (Centro, Mercado 20 de Noviembre y Central de Abasto). Recordaron que, tras el incidente, se reunieron con funcionarios como el Secretario General de Gobierno y el entonces secretario municipal, Noé Jara, para exigir la regulación de comercios y el combate a la explotación.
Sin embargo, acusan que la respuesta fue superficial: “Lo único que hicieron fue pintar cunetas de amarillo y tapar un hoyo”. Denunciaron que existen espacios que gozan de total impunidad y falta de permisos, sugiriendo posibles convenios irregulares con la autoridad municipal.
Crítica a la “pérdida de identidad” de Salomón Jara
Finalmente, la familia recordó su trayectoria de lucha social junto al actual gobernador desde 1985, lamentando que la administración actual haya abandonado los preceptos de “no mentir, no robar y no traicionar”.
“Conocemos la trayectoria de Salomón Jara y eso nos da autoridad moral para criticar sus abundantes fallas. No sabemos si nos tiene miedo o simplemente no le importa, pero seguiremos esperando que se digne a atender este problema”, concluyeron, advirtiendo que fijarán una postura clara ante el próximo proceso de revocación de mandato.
